La reforma al Poder Judicial que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enviará en los próximos días a la Cámara de Diputados como parte de un paquete de cambios constitucionales, insistirá en elegir a ministros de la Suprema Corte (SCJN), jueces y magistrados, incluyendo los electorales, por voto en las urnas.
Contempla desaparecer al Consejo de la Judicatura, a más tardar el septiembre de 2025 y sustituirlo con un Tribunal de Disciplina Judicial.
Prevé reducir el número de ministros de la Corte de 11 a nueve
Establece que los actuales integrantes de la Corte tendrán que dejar el puesto en septiembre de 2025; mientras que los magistrados electorales tendrán que salir de la institución en octubre de 2025.
El Ejecutivo propondrá impedir la suspensión de normas y leyes, a causa de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.
Elección de ministros, magistrados y jueces por voto
El proyecto establece que los ministros de la Corte serán “electos”, no “designados”.
También se elegirán en por voto en urnas, los magistrados de circuito, jueces de distrito y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, instancia que sustituirá al Consejo de la Judicatura.
Los juzgadores se elegirán de manera concurrente con otros cargos de elección popular, en el proceso ordinario que se celebre el primer domingo de junio de cada tres años, en elecciones intermedias o bien, en elección presidencial.
Prevé reducir el número de integrantes de la Corte de 11 a 9
Contempla eliminar las dos Salas con las que actualmente cuenta la Corte, para que el Pleno resuelva todos los asuntos.
Los ministros y ministras durarán en el cargo 12 años, no 15 como hasta el momento, y ese periodo será “improrrogable”.
Los magistrados de circuito y jueces de distrito durarán en el encargo nueve años, y tendrán posibilidad de reelegirse “por uno o varios periodos adicionales”.
Postulación de candidatos al Poder Judicial
La convocatoria para elegir a ministros de la Corte, se emitirá el primer día en que se instale el primer periodo de sesiones ordinarias del año anterior a la elección, es decir, el 1 de septiembre de cada tres años.
En esas condiciones, se permitirá a “los Poderes de la Unión proponer, procesar, votar y postular oportunamente hasta 10 personas candidatas”, por lo que en total habrá 30 candidatos.
De los aspirantes, 10 serán propuestos por el Presidente de la República, cinco por el Senado de la República, cinco más por la Cámara de Diputados y 10 por el Poder Judicial.
En artículos transitorios, la iniciativa indica que por única vez, la primera elección de ministros, magistrados y jueces se llevará a cabo el primer domingo de junio del 2025, para que los nuevos integrantes del Poder Judicial, electos en urnas, asuman el puesto el 1 de septiembre de 2025.
Los nuevos consejeros del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC; así como los magistrados electorales, “tomarán protesta el 1 de octubre de 2025”.
En el caso de los ministros de la Corte, indica que durarán ocho, 11 y hasta 14 años en el puesto, ello, de acuerdo al número de votos que obtengan en las urnas. “Correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación”.
Anticipa AMLO desaparición del INE y creación del “INEC”
El “organismo público electoral”, dice el texto sin mencionar al Instituto Nacional Electoral (INE), deberá producir materiales electorales, establecer reglas en materia de tiempos oficiales de radio y televisión, modalidades de debates, periodos de campaña y mecanismos de fiscalización.
La propuesta refiere que el organismo electoral al que se enviarán las propuestas no será el actual INE, sino un “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”, INEC.
La propuesta prevé que las renuncias de ministros de la Corte, sean aprobadas por la mayoría de los miembros presentes del Senado o bien, la Comisión Permanente, cuando la causa que motive la renuncia sea grave.
En consecuencia, no se requerirá votación de mayoría calificada para aprobar la renuncia de los ministros.
Reforma al Tribunal Electoral
Asimismo, los cambios al Poder Judicial, integrarán modificaciones a las facultades y atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Prevén ajustes para la elección por voto en urnas, de los magistrados electorales que permanecerán en el cargo por seis años improrrogables.
En cuanto a las sanciones a los jueces, ministros y magistrados, propone que el Tribunal de Disciplina Judicial llame a comparecer a quienes vayan ser sancionados.
Podrá denunciar penalmente a ministros, jueces y magistrados, por “actos que pudieran ser constitutivos de delito”; podrá solicitar a la Cámara de Diputados, someter a desafuero o juicio de procedencia a ministros de la Corte .
Las resoluciones del Tribunal de Disciplina serán “definitivas e inatacables” por lo que no procederá juicio o recurso alguno para revertirlas.
Cualquier persona o autoridad podrá presentar quejas o denuncias ante la instancia disciplinaria, para sancionar la conducta de jueces, magistrados o ministros.
El proyecto señala que los integrantes del Poder Judicial tendrán un plazo de no más de seis meses para emitir resoluciones de controversias.
Remuneraciones
La iniciativa del ejecutivo plantea reformas a los artículos 116 y el 112 constitucionales, para establecer que las remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial a nivel federal y de Poderes Judiciales de las entidades, “no podrán ser mayores a la establecida para el Presidente de la República”.
Anticipa que el paquete de reformas que el Ejecutivo propondrá también incluye modificaciones al artículo 127 constitucional, para obligar a los integrantes de todos los Poderes de la Unión, incluyendo al Legislativo y el Judicial, no podrán tener remuneraciones mayores a las del Presidente de la República.
Propone cambios al artículo 94 de la Constitución, para eliminar el “privilegio” de los ministros de la Corte, del “haber de retiro” o pensión vitalicia.
La regla no aplicará a los ministros en retiro que ya cuenten con ese beneficio, por ser un “derecho adquirido”. Quienes deberán cumplir esa disposición son los ministros en funciones y los que resulten electos en el futuro.
Democratizar al Poder Judicial
Explicó que al proponer que los ministros se elijan por voto popular, se pretende dar al Poder Judicial una “legitimidad democrática” que requiere para validar sus decisiones.
También, terminar con “acuerdos cupulares” donde ministros, magistrados y jueces quedaban libres de responsabilidad ante la ciudadanía.
La intención es “democratizar la justicia”, sometiendo la elección de los miembros del Poder Judicial al voto popular, para que representen las distintas “tendencias políticas”, culturales e “ideológicas” existentes en la sociedad.
Negó que su planteamiento “debilite” o “merme” la autonomía e independencia del Poder al que se busca reformar.
Por el contrario, se pretende fortalecerlo, darle legitimidad a través del “poder popular”, acercarlo a la sociedad, restituir la confianza y credibilidad de la ciudadanía en sus integrantes.
Y enfrentar con ello, el desprestigio que tiene por abusos y excesos de “ciertas personas” que se resisten a entender “la dimensión de la transformación de México”, así como la madurez política y la “sabiduría” del pueblo.
Consideró insuficiente que los juzgadores se elijan sólo por cumplir requisitos como la experiencia profesional.
Hace falta tomar en cuenta su “solidez ética y moral”, someterlos a exámenes psicométricos y permitir que la ciudadanía se involucre en su selección.
AMLO justifica cambios al Poder Judicial
En la exposición de motivos, el Primer Mandatario afirmó que el Poder Judicial no tiene credibilidad y sus decisiones han perdido legitimidad, privilegia intereses de “grupos de poder creados” y no cumple sus “deberes constitucionales”.
Explicó que su iniciativa busca reformar el sistema judicial mexicano.
Pretende integrar a la Constitución “salvaguardas y mecanismos democráticos” para que los ciudadanos participen en la elección de ministros, jueces y magistrados, incluyendo los del área electoral.
También, de quienes integrarán los “órganos de administración y disciplina del Poder Judicial”.
Que los juzgadores se hagan responsables de sus decisiones, y “representen adecuadamente las diferentes tendencias políticas, culturales e ideológicas”, pidió.
“Contar con un poder del Estado que constituya un pluralismo jurídico abierto, transparente, participativo, gratuito y con auténtica vocación de servicio público”, demandó.
Combatir la corrupción, impunidad, nepotismo, tráfico de influencias y otros abusos del Poder Judicial, se logrará abriéndolo al “escrutinio público”, consideró.
Desaparición del Consejo de la Judicatura
El Jefe del Ejecutivo pidió cambiar el diseño y estructura de los órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial, para que sean autónomos, independientes y especializados.
Planteó crear nuevos organismos jurisdiccionales y adecuar el manejo del presupuesto del Poder Judicial.
Pidió aclarar las funciones sancionadoras y de disciplina del personal del Judicial, que actualmente recaen en la presidenta de la Corte y consejeros de la judicatura a quienes consideró, les faltan “herramientas, aptitudes e independencia”.
Propuso sustituir al Consejo de la Judicatura con otro organismo de “administración judicial” con independencia y autonomía técnica, separado de la Corte.
Asimismo, sugirió crear un Tribunal de Disciplina Judicial, con “amplias facultades” para recibir denuncias, investigar, atender procedimientos de responsabilidad administrativa y sancionar al personal del Poder Judicial que incumpla la Constitución, sus leyes, no sean honestos, no actúen con legalidad, probidad, independencia, objetividad, profesionalismo, “lealtad” y eficiencia.
Solicitó que las autoridades impartidoras de justicia, estén obligadas a emitir resoluciones de manera fundada y motivada en plazos “razonables”.
Modernizar al Poder Judicial para que esté “a la altura de los retos del país y las demandas de la ciudadanía”, es uno de los objetivos, expuso en su iniciativa.
En su iniciativa, el mandatario federal presentó como argumentos, una revisión histórica a la integración de la Corte y el Consejo de la Judicatura, así como los cambios que ha sufrido a través del tiempo.
