La Secretaría de Salud del gobierno de Veracruz lleva más de cinco años afrontando fuertes críticas por diversos motivos. Los primeros cuestionamientos de los veracruzanos se dieron por la incompetencia del anterior titular de esta dependencia estatal que tiene vinculación formal con el gobierno federal.
El doctor Roberto Ramos Alor, quien a finales de 2018 y gracias a Rocío Nahle llegó al gabinete cuitlahuista con fama de buen doctor en la ciudad de Coatzacoalcos, se tuvo que ir del sector salud en mayo de 2022 debido a constantes señalamientos y problemas.
Y se puede afirmar que salió por la puerta de atrás de la dependencia, pero antes de la obligada renuncia al cargo, el médico evidenció su mediocridad como funcionario público en las páginas periodísticas y en los comentarios de la sociedad en las redes sociales de Veracruz.
Y podría decirse que el sector salud está desacreditado debido a malos funcionarios administrativos desde hace varios años, aunque el personal médico de clínicas y hospitales esforzadamente trata de cumplir su labor con eficiencia y humanismo a pesar de las conocidas carencias presupuestales impuestas desde la Secretaría de Finanzas.
Una de sus áreas que ha estado en el ojo del huracán, es la poderosa dirección de administración, actualmente a cargo de Jorge Eduardo Sisniega, un personaje con raíces familiares en Poza Rica, a quien se le ha acusado por irregularidades administrativas, por la oscura asignación millonaria de contratos de adquisiciones, obras y servicios, y también por utilizar los recursos a su cargo para promoverse hacia una ansiada posición política como diputado. En el interior de la secretaría se murmura que este ambicioso aprendiz de político rebasa en autoridad a la actual secretaria de despacho.
Pero hay nuevos y delicados problemas que pueden incidir negativamente en la operatividad general del sector salud. La semana pasada, a través del organismo público descentralizado Servicios de Salud IMSS Bienestar se entregaron las plazas definitivas a 3,328 trabajadores que venían laborando por contrato como eventuales, según informó Zoé Robledo, el director general del IMSS. El evento al que asistieron las principales autoridades del ramo, se realizó en el WTC de Boca del Río ante la presencia de miles de empleados beneficiados.
Pero mientras esto ocurría en el interior del recinto, en la explanada del centro de convenciones algunos grupos de inconformes hacían severos señalamientos de “influyentismo” en el proceso de asignación de las plazas, acusando casos de empleados nuevos que sin derecho alguno, habían obtenido plazas laborales, quitando lugares y oportunidad a muchos empleados con antigüedad demostrada y revisada en documentos previamente.
Esta irregular situación describiendo casos de trabajadores que quedaron sin base y con muchos años de antigüedad en el Centro Estatal de cancerología y otras instancias, fue difundida por diferentes medios de comunicación locales y nacionales.
El gobierno federal y el gobierno del estado deberían transparentar los mecanismos y decisiones de principio a fin dentro del mencionado proceso de basificación, sometiéndolos a la revisión y supervisión de las instancias oficiales de contraloría y fiscalización, con la presencia testimonial de los sindicatos correspondientes.
Ojalá y que Zoé Robledo y Cuitláhuac García procedan a poner en claro todo el proceso de basificación de esta primera etapa, antes de salirse por la tangente con sus acostumbradas culpabilidades ajenas y disculpando a funcionarios incompetentes y corruptos. Es mejor corregir pronto y no politizar un tema estricto de justica laboral y social.
