Este jueves, el Gobierno mexicano presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, una denuncia contra el Estado de Ecuador en la que exige que ese país suramericano sea juzgado y sancionado por haber asaltado su embajada en Quito, en virtud de que dicho acto constituye una violación a lo establecido por el derecho internacional.
Según detalló la canciller Alicia Bárcena, México reclama:
1. Que se juzgue y se declare que “Ecuador es responsable del daño y que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México”.
2. Suspender la membresía de Ecuador en las Naciones Unidas (ONU) “hasta tanto no se emita una disculpa pública” en reconocimiento de “las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional” que se produjeron durante el asalto a la legación diplomática, “con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y sus nacionales.
3. Que se juzgue y se declare la pertinencia de la CIJ como “órgano adecuado para determinar la responsabilidad de un Estado” que incurra en “una violación de los principios de la Carta de la ONU similar a la cometida por Ecuador”, ello en interés “de iniciar el proceso de expulsión” de la organización.
4. Que estas acciones sirvan como precedente para que “cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador”, sea “expulsado en definitiva de la ONU”.
5. De este modo, “el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el consejo internacional de la ONU”, para evitar “el veto de sus miembros”.
Rompimiento de relaciones
Tras el asalto a la Embajada mexicana en Ecuador, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado ecuatoriano y advirtió que tomaría medidas ante los organismos internacionales por la violación a lo estipulado en la Convención de Viena sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
Desde Quito justificaron la actuación de la Policía y aseguraron que no contemplan ofrecer una disculpa pública.
