- Desde junio de 2023 hasta el pasado 2 de junio, Causa en Común registró un total de 67 actores políticos asesinados en 18 entidades, incluyendo 36 aspirantes o candidatos y tres candidatos ganadores.
- México enfrenta una criminalidad desbordada que debe reconocerse y enfrentarse rescatando y fortaleciendo a sus policías y a sus fiscalías.
No es verdad que las elecciones del pasado 2 de junio fueron ordenadas y pacíficas; no lo fueron antes de la jornada electoral, no lo fueron en varios puntos del país durante la misma, y no lo han sido después. Por lo tanto, tampoco es cierto que las medidas de protección para aspirantes y candidatos fueran efectivas.
Desde junio de 2023, Causa en Común inició un monitoreo puntual del asesinato de actores políticos. Hasta el día de la elección, se contabilizaron 36 aspirantes o candidatos asesinados, cifra superior a los 30 asesinatos registrados en la elección de 2021 y a los 24 cometidos durante el proceso electoral de 2018. De entre los aspirantes o candidatos, el 31% contendía por MORENA (más el 8% por el Partido Verde y el 6% por el PT); el 42% lo hacía por la coalición opositora (8 por el PRI, 6 por el PAN y uno por el PRD); el 8% corresponde a Movimiento Ciudadano, y el resto de los asesinatos corresponde a partidos locales. El 92% de los aspirantes o candidatos asesinados pertenecían al ámbito municipal.
En los días siguientes a la elección, fueron asesinados seis actores políticos, incluyendo tres candidatos ganadores de sus respectivas contiendas, dos de ellos para la presidencia de sus municipios. En total, considerando a funcionarios públicos, dirigentes y colaboradores partidistas, se contabilizaron 67 actores políticos asesinados en 18 entidades del país. Los estados con mayor número de asesinatos fueron Guerrero (15), Chiapas (11) y Michoacán (7).
Queda claro que la violencia en contra de actores políticos no se limita a los periodos electorales, sino que forma parte de la realidad cotidiana de numerosas comunidades del país. Como muchas otras atrocidades, este fenómeno es consecuencia de una crimin alidad desbordada y de la impunidad con la que actúa. Por ello, Causa en Común insiste en la urgencia de reconocer la ineficacia de la militarización en materia de seguridad pública, y de poner en marcha programas de fortalecimiento institucional de policías y fiscalías.
