19.02.2016
Después de la sacudida que dio la Auditoria Superior de la Federación (ASF) al gobierno de Veracruz, con el tema de las observaciones, recomendaciones, solventaciones y devoluciones de la cuenta pública 2014, no puede pasar por alto el manejo indebido de los recursos públicos en los ayuntamientos de Veracruz.
Muchos de los alcaldes veracruzanos están acostumbrados a guardar silencio cuando escuchan estos temas. Saben que tienen mucha cola que les pisen y no existe una vigilancia periódica que garantice y demuestre que realizan las mejores prácticas para atender y resolver las necesidades sociales. Ejemplo de esto son los procesos de licitación de obra pública que están apartados de la transparencia. En ello, la practica común es el fraude, el soborno y los malos manejos, debido a la alta administración de recursos públicos.
La planeación se olvida y la transparencia se esquiva. No hay exigencia efectiva para conocer si una obra es adecuada o necesaria porque descubriría los intereses económicos y políticos de los alcaldes. Para los políticos no existen procedimientos que demuestren el impacto y necesidad social de una obra, tampoco hace falta.
Hay infinidad de casos que evidencian las operaciones mañosas de los alcaldes. Lo importante no es resolver los problemas públicos de obra social. Lo significativo es solucionar, en muchos casos, la situación económica de, cuando menos, los alcaldes, los tesoreros y los directores de obras públicas.
A pesar de que existe una delicada debilidad financiera en los ayuntamientos, el endeudamiento crece y es cobijado desde el centro del poder. Se pasa porque es una buena ventana para dispersar dinero en las campañas políticas. Por ello, todos guardan silencio.
Los ayuntamientos son un buen botín para los alcaldes, para los diputados locales y federales, para los funcionarios de las administraciones públicas centrales y para aquellos gestores que van en nombre del “Señor”.
Los altos costos de la corrupción en México son tétricos. El elevado grado de incapacidad en las autoridades municipales es alarmante. Pero ese desorden público tiene un sentido claro. Que nadie arregle el desorden porque es lo que está mejor ordenado. Unos pocos conocen lo que hay en el fondo y esto permite que los expedientes se manejen como rico filón para medrar.
En estos asuntos, “el silencio no es oro, el silencio es un sobre”. (AF)
