La reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador no resolverá ninguno de los factores que inhiben el acceso a la justicia, y hará más vulnerables a los grupos de la población económica y socialmente más débiles, además de que inhibirá la inversión y abrirá la posibilidad de fortalecer a los grupos del crimen organizado y a los cacicazgos políticos, sentenció la AMDA.
En un documento difundido este lunes, los más de 3,000 distribuidores de autos del país agrupados en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) refirieron que “la designación de Jueces, Ministros y Magistrados por voto popular, lejos de brindar certeza jurídica a los ciudadanos, profundiza la discrecionalidad de las decisiones, lo politiza y no define criterios objetivos para una adecuada selección de los perfiles requeridos”.
Asimismo, manifestaron que les preocupa el debilitamiento de la carrera judicial en detrimento del profesionalismo, estabilidad laboral y por lo tanto, imparcialidad e independencia de las y los integrantes del Poder Judicial.
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“La carrera judicial se ha convertido en garantía de especialización y capacitación de los juzgadores del país, constituyendo así un aspecto crucial del funcionamiento del sistema judicial mexicano y, sobre todo, un principio que garantiza el derecho humano de acceso a la justicia, lo cual se ve gravemente en riesgo, de aprobarse la iniciativa de reforma en los términos planteados”, aseveró.
Por tanto, reiteraron, “la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular no resolverá los problemas que actualmente enfrenta el sistema judicial”.
“Por el contrario, las posibilidades de control del Poder Ejecutivo y de los grupos que ejercen de facto influencia, bien sea por el peso económico, o el que se obtiene a través de la fuerza criminal, harán más grave la injusticia”, advirtieron.
Si bien los distribuidores de automotores reconocieron que el actual sistema judicial no es perfecto y sí requiere reformas, puntualizaron que la destrucción institucional no es el camino para promover un estado superior de convivencia social.
En los términos en los que se plantea la reforma judicial, concretaron, se pone en riesgo la viabilidad de las inversiones y las deja en alto grado de vulnerabilidad ante el Poder del Ejecutivo.
