En una reaparición pública que rompió la tradición de silencio como expresidente, Ernesto Zedillo señaló ayer que la reforma al Poder Judicial “enterrará la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de derecho”.
Durante la reunión anual de la Asociación Internacional de Abogados, verificada en la Ciudad de México, el exMandatario priista dijo haber roto una autocensura a comentar los acontecimientos políticos del País para hablar de un “triste” acontecimiento.
“Nuestro Congreso federal acaba de aprobar -y ha sido ratificado por una mayoría de las legislaturas estatales-, un conjunto de reformas constitucionales que destruirán el Poder Judicial y, con ello, enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de derecho.
“Su intención es simplemente arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional, y transformarlo en un servidor de quienes detentan y concentran el poder político”, consideró Zedillo.
Admitió que la estabilidad política, con el dominio de un solo partido, el PRI, produjo un progreso económico y social significativo durante varias décadas, pero también tuvo un alto costo: un ejercicio del poder sin control, sin contrapesos y arbitrario.
Recordó que las reformas impulsadas durante su gestión: la reforma judicial de 1994 y la electoral de 1996, buscaban consolidar la democracia, a través de la existencia de contrapesos.
“México no contaba con una auténtica democracia porque el Gobierno tenía la opción de ejercer el poder de manera arbitraria y errónea, con total impunidad jurídica y política, debido a la ausencia de controles y contrapesos adecuados en el Congreso y el Poder Judicial.
“Los presidentes que emprendieron reformas para renovar completamente la integración de la Corte, dejaron por escrito que su intención era conformar una Corte que se adaptara a los actos y políticas del Ejecutivo. En cambio, tal como fue diseñada e implementada la reforma de 1994, el objetivo era precisamente el opuesto: establecer una Corte verdaderamente independiente, nunca subordinada al Ejecutivo”, reseñó el ex Presidente.
Destacó que gracias a la reforma de 1996, los ciudadanos de la Ciudad de México obtuvieron el derecho a elegir democráticamente a su Jefe de Gobierno, algo que antes correspondía al Presidente en turno.
“En virtud de esa reforma, tanto el actual Presidente de México como la próxima Presidenta fueron elegidos democráticamente para dirigir el gobierno de la ciudad. La reforma de 1996 estableció las condiciones para que México tuviera por fin elecciones competitivas, imparciales y justas; en una palabra, impecables, como me había comprometido.
“Esa reforma, junto con la reforma al Poder Judicial de 1994, proporcionó las condiciones para una democracia con una verdadera división de poderes y una Presidencia efectivamente equilibrada por los otros poderes del Estado. Ello marcó el fin de la presidencia autocrática y abusiva, y la ansiada llegada de una presidencia verdaderamente democrática”, sostuvo.
Reprochó cómo el actual Gobierno ha emprendido en contra de la desarticulación del INE y el Tribunal Electoral, lo cual ha comenzado con el nombramiento de funcionarios afines a su visión política, dijo.
“Prueba de esta reprobable condición quedó demostrada con claridad en las recientes sentencias del INE y del Tribunal Electoral, que otorgaron al partido oficial y a sus socios de coalición el 74 por ciento de los escaños en la Cámara de Diputados, pese a haber obtenido el 52 por ciento de los escaños.
“Esta absurda sobrerrepresentación, que viola flagrantemente la Constitución mexicana, fue falsamente justificada mediante una interpretación retorcida y mal intencionada de las reglas para la asignación de escaños a las coaliciones. El partido oficial fue obsequiado con una mayoría calificada (más de dos tercios) en la Cámara de Diputados, lo que le dio el poder de aprobar cambios constitucionales y actuar prácticamente sin limitaciones”, lamentó.
En el mismo encuentro, de la Asociación Internacional de Abogados, la Ministra Norma Piña fue reconocida por su defensa a la independencia del Poder Judicial.
Ella dijo en su intervención que trabajará por la independencia judicial “hasta el último aliento” y reiteró que la reforma en la judicatura debe ser integral.
‘Venganza brutal’
Para el ex Presidente Ernesto Zedillo, el Mandatario López Obrador ha maniobrado para llenar vacantes en la Suprema Corte con personas que “difícilmente cumplen los requisitos indispensables de independencia, profesionalismo e incluso ética”.
“La frustración del Presidente al no contar con una Corte sumisa ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal: la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder.
“A principios de este año, paradójicamente y a punto de la burla, justo en la fecha en que conmemoramos la Constitución de 1917, se publicó una iniciativa con numerosas modificaciones a la Constitución. Los cambios conducen, en última instancia, a la devastación del Poder Judicial y la abolición de otras instituciones estatales autónomas muy importantes para la transparencia, rendición de cuentas y otras áreas cruciales para el desarrollo del país. Estas instituciones condenadas a desaparecer precisamente fueron creadas para limitar el uso arbitrario de la autoridad del Ejecutivo. Se perderá otro contrapeso esencial en la democracia”, cuestionó.
A punto de concluir su mensaje, el exmandatario priista recordó distintas etapas de la historia mexicana y consideró que “los nuevos antipatrias” quieren “transformar nuestra democracia en otra tiranía”.
“Ahora ya sabemos por qué se postulan como la Cuarta Transformación. En realidad, no hablan de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la Nación.
“Esto es justo lo que busca la cuarta transformación: transformar nuestra democracia en tiranía”, manifestó.
La Asociación Internacional de Abogados es la principal organización de profesionales de la abogacía internacional, colegios de abogados y asociaciones de abogados. Fue creada en 1947, poco después de la creación de las Naciones Unidas, con el objetivo de proteger y promover el Estado de Derecho en todo el mundo.