La gestión de la migración se ha convertido en uno de los temas centrales de la carrera por la presidencia de Estados Unidos que se disputa el próximo 5 de noviembre entre la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el exmandatario republicano Donald Trump.
La retórica xenófoba de Trump, quien ha llegado a acusar a los haitianos de un pueblo de Ohio de comerse las mascotas de los vecinos, acapara el debate nacional, mientras los demócratas abrazan cada vez posturas más restrictivas en la frontera. ¿Qué propone cada candidato?
Deportación de migrantes
Trump promete llevar a cabo la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, donde viven más de once millones de personas en situación irregular.
En una entrevista con la revista Time, abrió la posibilidad de construir campos de detención para migrantes y a desplegar el Ejército para perseguir a personas sin documentos.
Harris ha criticado recientemente estas propuestas del republicano señalando que representan una idea retrógrada de lo que es Estados Unidos.
Sin embargo, la administración de Joe Biden, de la que Harris es vicepresidenta, ha realizado más de un millón de deportaciones y se espera que para el final de su mandato se supere la cantidad de expulsiones que se vieron bajo el gobierno de Trump (1.5 millones).
Obtención de la ciudadanía
Trump ha prometido firmar una orden ejecutiva para que los hijos de migrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos no obtengan la ciudadanía, a pesar de que la ciudadanía por nacimiento es un derecho consagrado en la Constitución.
Cuando era presidente, el republicano intentó —aunque fracasó en los tribunales— acabar con el programa DACA, que da permiso de residencia y trabajo a los llamados “dreamers”, migrantes indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos por sus familias cuando eran niños.
Biden y Harris prometieron en la campaña de 2020 establecer un camino para otorgar la ciudadanía a los “dreamers” y también una reforma migratoria para regularizar a millones de personas, pero el intento descarriló en el Congreso.
La administración creó este año un programa que da un estatus legal a más de medio millón de migrantes indocumentados que estén casados con ciudadanos estadounidenses.
En su campaña presidencial, Harris ha señalado que el sistema de migración está roto y que se necesita una reforma integral para incluir un camino “a la ciudadanía”, pero ya no promete la reforma de 2020.
Vías de acogida en Estados Unidos
La administración de Biden y Harris creó un programa llamado “parole humanitario”, que ofrece un permiso temporal de dos años a las personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que tengan un patrocinador con estatus legal en Estados Unidos. Bajo este programa, más de medio millón de migrantes han llegado al país.
A su vez, el gobierno expandió un beneficio migratorio llamado Estatus de Protección Temporal (TPS) para algunas personas de Birmania, Afganistán, Camerún, Etiopía, Ucrania y Venezuela.
Trump propone acabar con el “parole humanitario”, pues afirma que son personas que no deberían estar en Estados Unidos, y se opone al TPS, que ya intentó revocar durante su mandato.
También ha expresado su intención de volver a prohibir, como ya hizo cuando estaba en la Casa Blanca, la entrada al país de personas provenientes de una serie de países musulmanes, como Irán, Irak, Siria o el Yemen.
Política fronteriza
Trump promete retomar la construcción del muro fronterizo con México, la que fuera su promesa estrella de campaña en las elecciones que ganó en 2016.
También quiere recuperar el título 42, una política que utilizó durante la pandemia de la Covid-19 para expulsar en caliente a quienes cruzaran la frontera de manera irregular, y reinstalar el programa Permanecer en México, por el que los solicitantes de asilo debían esperar su cita con un juez migratorio en el lado mexicano de la frontera.
El gobierno de Biden y Harris mantuvo durante más de dos años el título 42 y lo reemplazó con una serie de restricciones que prohíben a la mayoría de quienes cruzan de manera irregular pedir asilo en Estados Unidos y les puede acarrear una prohibición de cinco años para volver a entrar al país en caso de deportación.
Como candidata, Harris ha prometido inscribir estas restricciones de manera permanente en la ley.
