Claudia Sheinbaum asumirá hoy martes como la primera mujer presidenta en la historia de México para el período 2024-2030, con los retos de estimular el magro crecimiento económico, apaciguar la violencia ligada al crimen organizado y reducir el déficit fiscal más alto desde la década de 1980.
Pero analistas coinciden en que el desafió más apremiante que tendrá Sheinbaum, de 62 años, será calmar a los inversionistas, preocupados por la diligente aprobación de una reforma judicial apoyada por su mentor político, el saliente mandatario Andrés Manuel López Obrador, que han visto como una amenaza para la democracia y el clima de negocios.
“El principal desafío para la presidenta Claudia Sheinbaum será reforzar la confianza del mercado y ofrecer un marco regulatorio y de políticas predecibles y favorables a la inversión”, dijo el jefe del equipo de Investigación Económica para América Latina de Goldman Sachs, Alberto Ramos.
“La gestión disciplinada del presupuesto y de las empresas estatales (Pemex en particular), el progreso en materia de seguridad pública y la salvaguarda de la integridad de las instituciones clave serán fundamentales para preservar la confianza del mercado y las calificaciones de la deuda soberana”, agregó.
Los primeros meses del sexenio de Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México entre 2018 y 2023, podrían ser de alta volatilidad para los mercados financieros locales por las presidenciales de noviembre en Estados Unidos -su vecino y mayor socio comercial-, cuando las miradas se trasladarán a la migración irregular, el comercio y la seguridad.
Además, el mercado seguirá muy de cerca la presentación del primer presupuesto del gobierno entrante antes del 15 de noviembre, para analizar si podrá cumplir con la promesa de reducir el déficit fiscal al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) desde el 5.9% estimado para el cierre de este año.
¿Continuidad con cambio?
Durante su mandato, que inició en diciembre de 2018, López Obrador duplicó el salario mínimo, redujo la pobreza y el desempleo, amplió la base de los programas sociales y supervisó el fortalecimiento del peso, éxitos que impulsaron su popularidad y ayudaron a Sheinbaum a obtener una aplastante victoria en las elecciones de junio.
Pero más allá de su promesa de “continuidad con cambio”, Sheinbaum heredará un fuerte déficit presupuestario y un PIB que, en términos reales, se expandió apenas un 0.9% en el sexenio. Según expertos, la solución para la segunda economía más grande de América Latina es algún tipo de reforma tributaria que aumente los ingresos fiscales.
Sin embargo, la propia Sheinbaum ha dicho que no tiene en mente una “reforma fiscal profunda”, por el contrario, sostiene que buscará reducir la burocracia y mejorar la eficiencia de la recaudación de impuestos en las aduanas, entre otras propuestas.
“Tendrá que llevar a cabo una importante consolidación fiscal si quiere mantener la visión positiva que los mercados tienen hoy de ella”, dijo el economista del banco de inversión Bradesco BBI, Bernardo Keiserman.
“Creemos que el Gobierno está comprometido con un ajuste, pero lograr uno de la envergadura suficiente no va a ser una tarea fácil. La economía está más débil y es probable que se debilite aún más”, agregó.
Recientemente, el Banco de México (Banxico) recortó su previsión de crecimiento del PIB para este año al 1.5% desde el 2.4% previo y rebajó su estimación para 2025 al 1.2%. Además, la entrante administración heredará una pesada carga fiscal de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), una de las petroleras más endeudadas del mundo.
Luego de la pandemia del coronavirus, el nearshoring -el traslado de los procesos productivos o comerciales de una empresa a países cercanos a su mercado principal para reducir costos- ha colocado a México en el centro de las inversiones.
Uno de los desafíos para Sheinbaum será incrementar la Inversión Extranjera Directa (IED) mientras implementa las polémicas reformas constitucionales heredadas de López Obrador, como la elección de jueces por voto popular o la eliminación de organismos autónomos, que han enfrentado a México con sus socios en el tratado comercial de Norteamérica: Estados Unidos y Canadá.
Ambos países han alzado su voz de protesta asegurando que los cambios constitucionales generan incertidumbre sobre el Estado de Derecho y la fortaleza de las instituciones gubernamentales. Y la calificadora Moody’s advirtió que la reforma judicial podría tener repercusiones significativas en la calificación crediticia soberana del país.
En la recta final del gobierno de López Obrador, México mostró un repunte en la violencia: enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, balaceras, bloqueos y un incremento de los homicidios.
Pero López Obrador dijo que se retiraba con la “conciencia tranquila y muy contento” tras asegurar haber sentado las bases de la transformación que necesitaba el país.
“Me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes valores de los antiguos mexicanos”, dijo el mes pasado en su último informe de gobierno en el emblemático Zócalo.
