La trata de personas para la explotación sexual, de la que son víctimas unas 4.5 millones de personas en el mundo, es uno de los negocios ilícitos más rentables, al mismo nivel que el tráfico de drogas y después del tráfico de armas.
Estos son algunos de los datos que ha ofrecido el pasado jueves la fiscal de la Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería, Beatriz Sánchez Álvarez en la ‘Jornada contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños’, que ha organizado la Diputación Provincial de Cádiz y la Red Antena Sur contra la Trata.
En su intervención, la fiscal ha abogado por medidas para “desincentivar la demanda” para hacer frente a un negocio que es “la esclavitud del siglo XXI” y que se basa en “cosificar” a personas cuyos derechos “han sido absolutamente triturados” y se convierten en meras mercancías para las redes y sus clientes.
“Es el negocio ilícito más rentable, después del tráfico de armas y al mismo nivel del tráfico de drogas”, ha afirmado la fiscal, que ha expuesto que se calcula que mueve “más de 32.000 millones de dólares anualmente” y que afecta a 4,5 millones de personas víctimas de trata solo con fines sexuales.
Es, ha apuntado, un negocio negro con una rentabilidad “de más del 80 %”, puesto que “si uno pierde mil kilos de heroína pierde una cantidad inmensa de dinero, pero si pierde mil personas no pasa nada, porque hay otras mil al otro lado de la frontera que están dispuestas a asumir riesgos para cambiar su vida” porque necesitan huir de circunstancias extremas de guerra y pobreza.
Beatriz Sánchez Álvarez considera que “los negocios existen porque hay una gran demanda”, por lo que “desincentivar la demanda” es la primera herramienta para disminuir la trata de personas.
La Diputación Provincial de Cádiz ha organizado esta jornada para acercarse a una realidad “difícil y compleja”, en palabras de la diputada de Igualdad, Susana Sánchez Toro.
Una meta que se consolidó el pasado mes de septiembre cuando aprobó su adhesión a la Red de Municipios Libres de Prostitución y Trata, que plantea una decena de acciones para promover políticas activas que contribuyan a erradicar la trata y la explotación sexual mediante la colaboración con otras administraciones y organizaciones.
Entre sus objetivos figura exigir a los gobiernos central y autonómico la aplicación de la legislación para desmantelar la industria sexual; instar a las administraciones competentes a articular medidas para combatir el componente lucrativo de la trata confiscando las ganancias económicas procedentes de este delito, y abogar por la elaboración de estudios e informes que ofrezcan datos reales armonizados.
Otros objetivos son reforzar las medidas de prevención y sensibilización para desincentivar la demanda de prostitución; así como colaborar en la formación específica del personal de las administraciones y sectores sociales para facilitar la identificación de casos y aplicar protocolos de actuación.
