EL Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Colima a cargo de Francisco García Contreras estableció un plazo de 24 horas para que el Instituto Nacional Electoral (INE), se abstenga de emitir acuerdos sobre la organización, vigilancia, fiscalización, cómputo y desarrollo del proceso de elección de juzgadores en el marco de la Reforma Judicial.
El plazo empezará a correr una vez que el INE reciba la notificación y, para tal efecto, el juzgador pidió al Juzgado de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México entregar el oficio de suspensión a la Oficialía de Partes del órgano electoral.
¿Qué ocurrirá con la orden judicial contra el INE?
En caso de que el INE incumpla la medida cautelar que le fue otorgada a la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Los consejeros electorales se harán acreedores a una multa de 54 mil 285 pesos a cada uno, además de que se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR).
En el apercibimiento, el juzgador informó que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito declaró infundado el recurso de queja que interpuso la FGR para impugnar la suspensión con la que se le ordenó al INE, al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales frenar la implementación de la reforma judicial.
Mientras que, de acuerdo con el artículo 262 de la Ley de Amparo, al funcionario que viole una suspensión se le impondrá una pena de tres a nueve años de prisión, así como una multa de 50 a 500 Unidad de Medida y Actualización (UMA), entre 5 mil 428.50 y 54 mil 285 pesos, además de la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo o empleo.
Sheinbaum se lanza contra la Corte
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptara analizar la constitucionalidad de la Reforma al Poder Judicial, pues aseguró que no hay fundamentos para esto, y que “sólo buscan defender sus privilegios”.
Asimismo, lamentó que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se mantengan en paro, pues dijo que no están en peligro sus derechos laborales, además de que ésta significaría un peligro para la seguridad, pues sólo están dando órdenes de aprehensión en casos urgentes y no en carpetas de investigación.
A la par, reiteró que el máximo tribunal estaría yendo contra la Constitución Política, pues afirmó que ésta no le confiere funciones para cambiar la Carta Magna, y al Congreso sí, recalcando también que la ciudadanía votó por la reforma al elegirlos en las elecciones del 2 de junio para los diversos cargos de elección popular que ganaron.
En tanto que descartó ejercer alguna acción contra los juzgadores que vayan contra la reforma, pues aseguró que lo que quieren en ese poder es provocar para que se les acuse de traición o se busque el juicio político para acusar de autoritario al Gobierno de México.
