Un grupo de 50 académicos e investigadores de diversas universidades de México, Colombia, Argentina y España ingresó un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que instan a que se adopte el criterio de control jurisdiccional sobre la reforma judicial y advierten sobre una posible “erosión democrática” derivada de dicha reforma, ya que afecta las condiciones de independencia, capacidad y legitimidad del Poder Judicial.
“Una vez que desaparece el crucial contrapeso que la judicatura representa, resulta más fácil socavar otras instituciones democráticas. Para poder proteger la democracia, los tribunales deben protegerse a sí mismos”, dicen en el documento y señalan que ha llegado el momento de que la Corte tenga una discusión profunda sobre el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales.
Los académicos, expertos en derecho constitucional, ingresaron este 21 de octubre el amicus curiae dentro de la controversia constitucional 286/2024, la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y las consultas a trámite 4, 5, 6 y 7, todas de 2024.
En su documento, solicitan a los ministros de la Suprema Corte que resuelva la ambigüedad de criterios que han sostenido a través de diversos casos sobre una posible revisión e invalidación de reformas a la Constitución y aseguran que la jurisprudencia del máximo tribunal sobre el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales aún “no es concluyente”.
“Lejos de ser un tema nuevo, conceptualmente incoherente, jurídicamente invisible o políticamente irresponsable, es un debate habitual en el constitucionalismo comparado”, expresaron.
En su texto, de 24 páginas, los académicos afirmaron que la corte está llamada a impedir “el uso abusivo del poder de reforma” y, con ello, se afecten los valores constitucionales básicos. Pusieron de ejemplo lo que han ocurrido en otros países como Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina y Perú, en cuyos casos sus tribunales constitucionales han estudiado y admitido la posibilidad de declarar que hay “reformas constitucionales inconstitucionales”.
Incluso, expusieron el caso Minerva Mills que tuvo lugar en la India, en el que su corte suprema declaró inconstitucional una reforma que establecía que “la Corte Suprema no podía ejercer control de constitucionalidad de las reformas”.
Los académicos también recordaron que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto atención a los cambios constitucionales promovidos en países del continente que han resultado contrarios al principio de democracia representativa.
“El mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario”, estableció la CIDH en 2021.
Aseguran que las características de la reforma judicial, que establece el cese total de los integrantes del poder judicial y reemplazo mediante una elección por voto popular, no ofrecen “suficientes garantías de independencia, imparcialidad, capacidad e integridad profesional”.
Además de señalar los aspectos adversos de la reforma judicial para la democracia, los firmantes consideran que la reciente reforma al artículo 129 constitucional establece un gobierno “cívico-militar” que es incompatible en un marco democrático-constitucional también merece incluirse en el análisis de la revisión judicial de las reformas al texto fundamental.
El amicus curiae incluye las firmas de docentes e investigadores de diferentes casas de estudios como la Universidad Nacional Autónoma de México; el Instituto Tecnológico Autónomo de México; la Universidad de los Andes, de Colombia; la Universitat Pompeu Fabra, de España; la Universidad Tocuato di Tella, de Argentina; y la Universidad de Buenos Aires, de Argentina.
