La iniciativa de reforma presentada por Morena, denominada ‘Supremacía Constitucional’, viola las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, acusaron la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford.
Ambas instituciones se pronunciaron contra la modificación de los artículos 105 y 107 de la Constitución, para eliminar la competencia de los tribunales federales para revisar las reformas constitucionales impugnadas a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo.
El acceso al control jurisdiccional es en sí mismo un derecho humano, y resulta indispensable para garantizar que las reformas constitucionales no vulneren los derechos humanos.
Señalaron que de aprobarse en la Cámara de Diputados, la iniciativa violaría el Artículo 1 constitucional que establece que “todas las personas gozará de los derechos humanos reconocidos en … los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”.
Asimismo, las obligaciones de México respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El acceso al control jurisdiccional es en sí mismo un derecho humano, y resulta indispensable para garantizar que las reformas constitucionales no vulneren los derechos humanos. La eliminación de dicho acceso mediante una reforma constitucional no la valida jurídicamente”, señalaron la BMA y la Facultad de Derecho de Stanford.
Destacaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatiza que la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales debe primar un ‘control de convencionalidad’.
Así, la Barra Mexicana de Abogados y el Laboratorio de Impacto de Estado de Derecho instaron al Congreso de la Unión a evaluar la iniciativa de reforma en consideración con las obligaciones de México bajo el derecho internacional, para garantizar la protección de los derechos humanos.
