Los países de Latinoamérica y el Caribe deberían aumentar y estructurar mejor los impuestos sobre el tabaco dentro de una nueva estrategia fiscal para dirigida a reducir el consumo, señala este lunes la OCDE.
Sólo en 2021, un total de 350 mil personas murieron en la región por enfermedades derivadas del tabaco y un 40% de los casos de cáncer de vías respiratorias se atribuyeron a esta causa, recuerda un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la fiscalidad del tabaco en Latinoamérica y el Caribe.
La región destina hasta un 1.5% de su producto interior bruto (PIB) a los costos médicos derivados del consumo de tabaco.
“El uso del tabaco conlleva costos económicos sustanciales”, afirma el documento.
Añade que los distintos productos del tabaco “siguen siendo asequibles en Latinoamérica y el Caribe”.
Los impuestos especiales a estos productos suponen sólo una media del 0.5% del PIB regional, lo que supone solamente un tercio de los costes que el tabaco causa a los servicios sanitarios.
Ante esta situación, la OCDE propone un aumento de los impuestos especiales “lo suficientemente alto” como para que las empresas del sector se vean obligadas a pasar la mayor parte de ese incremento a los consumidores.
Además, la OCDE sugiere también hacer un seguimiento de la respuesta de las empresas de fabricación y distribución para asegurar que los impuestos aplicados tienen efectos reales en los precios de venta.
Esto se debe a que el principal objetivo de los impuestos sobre el tabaco es que el precio aumente de forma “que los fumadores reduzcan o terminen” el consumo, insiste el informe.
La OCDE considera que la mejor solución es el incremento de los impuestos especiales, que tiene “el potencial de aumentar los ingresos de forma significativa”.
Señala, por ejemplo, que la parte de los ingresos por los impuestos indirectos sobre el tabaco respecto al total de recaudación fiscal oscila entre el 0.01% de Barbados hasta el 2.58% de Chile.
Ese aumento de impuestos especiales debería hacerse dentro de una amplia estrategia coordinada entre los ministerios de Hacienda y de Sanidad de cada país para asegurar su eficacia en la reducción del consumo de tabaco.
Esta estrategia incluye puntos como aplicar los mismos impuestos especiales a todos los productos elaborados por tabaco, a fin de asegurar que los fumadores no cambian su hábito hacia productos menos fiscalizados.
También propone aplicar impuestos similares a los nuevos productos con tabaco o nicotina (en referencia a las “vapeadores”) para evitar su crecimiento en el mercado, especialmente entre los más jóvenes.
Además, todos estos impuestos deberían actualizarse al ritmo de la inflación para asegurar que los productos de tabaco no se hacen más asequibles con el paso del tiempo.
La organización insiste en que, a largo plazo, el incremento de los impuestos sobre el tabaco “puede resultar en un descenso de ingresos” fiscales debido al previsible menor número de fumadores.
Pero recalca que “la reducción del coste sanitario y social sería mucho mayor que la pérdida de ingresos”, con un “impacto positivo” global para las arcas públicas.
