La crisis energética que enfrenta América Latina parece agravarse a medida que pasa el tiempo. La situación, que tiene en contra múltiples elementos como las fallas estructurales en los sistemas de distribución, la falta de mantenimiento, los desastres naturales, el cambio climático, las sequías, los incendios forestales, la desigualdad social, la falta de inversión, entre otros factores de riesgo, han puesto contra las cuerdas y al borde del colapso la generación eléctrica en toda la región.

Los casos graves más recientes se observan en países como Ecuador y Cuba, cada uno con contextos sociales, económicos y políticos diametralmente distintos, pero que en el caso de la generación eléctrica y el suministro de energía se ven notablemente afectados y bajo condiciones críticas que sufren a diario sus ciudadanos.

En el caso de Ecuador, la crisis eléctrica incluye problemas de generación producto de la desinversión en el sector durante los años recientes y una intensa sequía que ha provocado que los embalses que suministran energía al país estén al extremo con reservas mínimas para funcionar, lo que obliga a las autoridades a implementar severos apagones diarios, que además de provocar una parálisis en la actividad comercial, laboral, educativa y social, genera pérdidas millonarias.

Al respecto, la ministra interina de Energía y Minas de Ecuador, Inés Manzano, dijo hacia finales de octubre que el país enfrentaba “una crisis sin precedentes”, motivo por el que el Gobierno de Daniel Noboa decidió comenzar a implementar racionamientos eléctricos con apagones de hasta 14 horas. Además, dijo que la ola de sequía persiste en el país porque los “fuertes vientos del océano Pacífico impiden que la humedad de la Amazonía entre a la cordillera oriental”.

Por su parte, Cuba ha enfrentado en los últimos meses duros golpes en su sistema eléctrico, que se encuentra deteriorado y afectado debido a la imposibilidad que tiene el Estado de acceder al mercado internacional para conseguir repuestos para las termoeléctricas, como consecuencia del bloqueo económico impuesto por EE.UU. contra la isla.

Cuba también ha sido impactada por inundaciones y huracanes que han afectado el servicio en varias zonas del país. Esto se ha sumado a las continuas dificultades que tiene la isla para acceder a combustibles, lo que ha generado un déficit para operar en condiciones óptimas.

“El mayor problema que tenemos en el SEN es el déficit de combustible, que no nos permite maniobrar y poner todo a la vez. Son tan pocas las cantidades, que si ponemos en una zona del país, la otra se nos queda descubierta, y así sucesivamente”, expresó esta semana el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, quien adelantó que a pesar de lo difícil de la situación, el país va resolviendo las fallas en el servicio, que depende en su gran mayoría de plantas termoeléctricas y del sistema de Energás.

Un problema regional

La coyuntura que enfrentan Cuba y Ecuador, también se repite en gran parte de la región latinoamericana y de distintas formas. Países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, e incluso la isla de Puerto Rico no quedan exentos de la situación y cada uno muestra sus propios problemas con la generación eléctrica y cortes en el suministro.

En Argentina, por ejemplo, en varias ocasiones el sistema eléctrico ha estado “al borde del colapso”, según sus propias autoridades. El país ya se ha enfrentado a apagones masivos por la alta demanda de energía, sobre todo, en la época veraniega, por lo que para estas fechas hace prender las alarmas por la posibilidad de un nuevo evento que afecte el servicio.

A inicios de octubre, el Gobierno de Javier Milei anunció un plan de contingencia y previsión de abastecimiento de energía con la intención de evitar apagones masivos. La medida tiene la finalidad de evitar, reducir o mitigar “la crítica condición” del suministro eléctrico de diciembre de 2024 a marzo de 2026.

Además, los argentinos también deben lidiar con los enormes aumentos en las facturas de la luz y otros servicios, que se comenzaron a aplicar con la entrada de Milei.

Por su parte, Brasil, que también ha registrado apagones y se enfrenta a la peor sequía de su historia reciente, logró en mayo pasado un “acuerdo histórico” con Paraguay con respecto a la tarifa y uso de la energía eléctrica que genera la central hidroeléctrica de Itaipú, conocida también como ‘Entidad Binacional Itaipú’, que beneficia a ambos países en materia de suministro.

Pero a mediados de octubre, Sao Paulo, la mayor metrópolis de Brasil, registró un apagón masivo tras el paso de una tormenta que provocó pérdidas millonarias para el comercio minorista y de servicios, que ascendieron sobre los 270 millones de dólares. Además, estos cortes de luz se han repetido en varias ocasiones sin el paso de fenómenos naturales.

“Severas ineficiencias”

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó en junio pasado un informe titulado ‘Economía de las pérdidas de electricidad en América Latina y el Caribe’, en el que indica que en la región, “a pesar de notables avances y reformas”, los mercados eléctricos “todavía enfrentan severas ineficiencias”.

“Uno de los signos más alarmantes y persistentes son los altos niveles de pérdidas eléctricas, las cuales generan costos sociales, ambientales y económicos. Estas pérdidas afectan negativamente la calidad de la infraestructura eléctrica, perjudicando especialmente a los segmentos más vulnerables de la población”, dice el estudio.

Además, la coyuntura, también compromete “la sostenibilidad del sector eléctrico, que es esencial para cerrar las brechas de inversión en infraestructura y facilitar la transición energética”, que se ha convertido en un problema persistente y amplio que afecta “a 22 de los 26 países de la región”.

De acuerdo con el estudio, las deficiencias en los sistemas eléctricos de la región “pueden impactar la competitividad de la economía y, en particular, reducir la confiabilidad del suministro de energía para los grupos más vulnerables” y “representan un desafío en términos de equidad social, dado que las poblaciones más vulnerables son las más afectadas por una menor calidad del servicio eléctrico”.

Las pérdidas eléctricas, añade el informe, “también contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, lo que socava los esfuerzos para disminuir estas emisiones mediante el uso de energías renovables”. Además, esta situación provoca “consecuencias negativas para la sostenibilidad financiera de las empresas eléctricas, el medio ambiente y, en algunos casos, para los gobiernos”.

Publicidad