Una de las promesas de campaña hechas por Donald Trump, quien tomará posesión como presidente constitucional de EE.UU. en enero de 2025, es la de deportar a un millón de migrantes indocumentados por año.
Luego de nombrar a Thomas Homan como su ‘zar de la frontera’, analistas aseguran que la política migratoria del magnate de Nueva York será de un talante aún más “duro” durante su segundo mandato, un escenario que, anticipan, será muy “difícil” para el Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, a la luz de las cifras oficiales, desde la administración anterior, encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se tomaron acciones que lograron reducir la migración hacia EE.UU., en gran medida a partir de las presiones de Trump durante su primer mandato.
Y es que, de adoptar en un principio un enfoque “humanitario”, la política migratoria de México se orientó finalmente hacia la “seguridad nacional”: el despliegue masivo de militares y elementos de la Guardia Nacional hizo posible perpetrar detenciones de migrantes a una escala sin precedentes.
La política ‘antiinmigrante’ de Joe Biden
Grandilocuente en el discurso, a menudo se cataloga a Donald Trump como el presidente que implementó la política antimigrante más dura en la historia de EE.UU.
Sin embargo, las gestiones de su predecesor Barack Obama, así como de Joe Biden, no se caracterizaron precisamente por poner por delante la defensa de los derechos humanos de los migrantes.
El gobierno de Obama batió récord de deportaciones. Solamente durante 2009, el presidente surgido de las filas del Partido Demócrata ejecutó 297.207 devoluciones, cifra muy superior a las 177.000 realizadas durante el primer año de la administración de Trump.
En el caso de Joe Biden, con todo y que fue objeto de reclamos de parte de legisladores y gobernadores del Partido Republicano, que le achacaron una supuesta inercia ante la migración irregular, la realidad es que se terminó inclinando por el endurecimiento de la política.
Biden, quien se hizo a un lado de la carrera presidencial por la reelección, impuso restricciones a las solicitudes de asilo mediante una orden ejecutiva expedida a mediados de este año.
Una vez que entró en vigor esta medida, se impidió que los migrantes indocumentados pudieran tener acceso a tribunales estadounidenses, con lo cual resultó mucho más sencillo para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) deportarlos en escala masiva.
“Esta acción ejecutiva es un paso más que la administración [estadounidense] ha dado dentro de sus facultades existentes para disuadir la migración irregular”, declaró Alejandro N. Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.
Las presiones sobre el gobierno de López Obrador para disminuir la migración no se limitaron a la administración de Donald Trump, también tuvieron lugar con Biden como inquilino de la Casa Blanca.
El punto de inflexión fue diciembre de 2023, cuando una comitiva liderada por el secretario de Estado, Antony Blinken, visitó México para solicitar acciones orientadas a reducir los cruces ilegales en la frontera.
Las alarmas de Washington habían sonado antes, el 18 de diciembre: ese día se anunció el cierre de siete de sus puestos fronterizos ante la llegada de 12.500 personas. La capacidad para procesar era solamente de 4.000.
La “operación carrusel”
Todo parece indicar que la ampliación de la oferta de empleo derivada de la construcción de megaproyectos como el Tren Maya, el tren a lo largo del Istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas, o los programas sociales insignia, no fueron el principal detonante de esta reducción.
Hay que destacar que estas iniciativas comenzaron a implementarse desde los primeros años del sexenio anterior y, sin embargo, en ningún momento de 2018 a 2023 se registra una disminución pronunciada.
Por el contrario, durante ese periodo se registraron incluso varios “picos” en la curva del número de intercepciones de migrantes por parte de la Patrulla Fronteriza.
En el año 2021 fueron 2.035.585, mientras que en 2022 y 2023 superaron las 2.500.000 por año, según datos del Centro de Información de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés).
En contraste, desde diciembre de 2023 el número de intercepciones disminuyó drásticamente. En septiembre de este año, la Patrulla Fronteriza contabilizó 101.790 intercepciones, cifra un 62 % menor en comparación con el mismo mes del año pasado.
La baja en el número de intercepciones registradas en EE.UU. coincide con el número de detenciones de migrantes registradas en territorio mexicano.
La nación latinoamericana reportó 712.226 detenciones de migrantes durante los primeros seis meses de este año, casi tres veces más en comparación con el mismo periodo de 2023.
Las detenciones se han convertido en pieza clave de una polémica estrategia gubernamental, conocida popularmente como “operación carrusel”: el transporte de miles de migrantes desde los límites entre México y EE.UU. hasta las entidades federativas cercanas a la frontera sur.
De acuerdo con organizaciones en defensa de los derechos humanos, estas acciones del gobierno se han ido intensificando para provocar “desgaste” físico y emocional entre quienes intentan cruzar la frontera, luego de que la Suprema Corte declaró inconstitucional la detención de migrantes por más de 36 horas.
De esta forma, los migrantes trasladados hasta el sur de México se ven orillados a realizar varios intentos con tal de llegar a ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali o Ciudad Juárez, con la esperanza de cruzar a EE.UU.
Los costos por el cambio de orientación de la política migratoria han sido bastante “altos”, comenta en entrevista Ana María Aragonés, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) especializada en temas de migración.
Las detenciones se han convertido en pieza clave de una polémica estrategia gubernamental, conocida popularmente como “operación carrusel”: el transporte de miles de migrantes desde los límites entre México y EE.UU. hasta las entidades federativas cercanas a la frontera sur.
“Hay que recordar cómo AMLO implementó una política migratoria sumamente humana, muy abierta. Se concibió a la migración como un derecho humano. Sin embargo, con las amenazas de Trump, López Obrador tuvo que tomar decisiones muy duras”, recuerda la catedrática.
De acuerdo con un informe publicado por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en julio del año pasado, el gobierno mexicano ha terminado asumiendo un “enfoque de seguridad nacional” en su política migratoria, a través de la implementación de “medidas de control, detención y deportación” de personas que requieren protección internacional.
El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, así como la Organización Internacional para la Migración (OIM) de Naciones Unidas, han señalado que la detención de migrantes debe ser considerada como una acción de “último recurso”. En México, en cambio, se ha convertido en práctica común.
Amenazas en medio de una promesa incumplida
En medio de las tensiones entre México y EE.UU. acontecidas durante el primer gobierno de Trump, alcanzar un acuerdo de mutuo beneficio para ambos países parecía una tarea imposible.
La propuesta de López Obrador era lanzar un programa de desarrollo regional, cuyos recursos serían canalizados a los países que integran el Triángulo Norte, así como a la región sur de México. A regañadientes, Trump aceptó el planteamiento.
El gobierno mexicano, por su parte, se comprometió con el despliegue de 15.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y 6.500 en la frontera sur.
Sin embargo, con todo y que durante los meses subsecuentes la administración de López Obrador reportó una baja significativa en las cifras de migración, el gobierno de Donald Trump nunca destinó los recursos que había prometido.
El compromiso lo volvió a asumir Joe Biden tan pronto tomó posesión, tras vencer a Trump en la elección de noviembre de 2020, pero el presidente surgido de las filas del Partido Demócrata tampoco cumplió su palabra.
“Desde el gobierno del presidente Trump se ofrecieron los 4.000 millones de dólares y no han aprobado en el Congreso (estadounidense) nada, en cinco años”, declaró López Obrador en junio de 2022.
En la perspectiva de Ana María Aragonés, a pesar de las promesas hechas desde Washington, nunca ha existido un “auténtico interés” por promover el desarrollo de México y los países centroamericanos.
“Los países del Sur, en realidad, nos dedicamos a subsidiar a los países del Norte con nuestra mano de obra y nuestros recursos naturales”, sentencia la investigadora.
Aragonés asegura que desde Washington “no existe intención” de transformar la realidad de quienes aspiran a cumplir el denominado ‘sueño americano’ cruzando la frontera: “En EE.UU. necesitan de los migrantes, sí, pero los quieren vulnerables, por eso los criminalizan, es una tragedia”, lamenta.
La estrategia de México
Hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum se dice confiada de poder sortear la llegada del magnate de Nueva York a la Casa Blanca. “Va a haber buena relación”, responde cada vez que es cuestionada sobre el asunto.
Marcelo Ebrard, quien jugó un papel decisivo a la hora de aliviar las tensiones durante el primer mandato de Trump en calidad de secretario de Relaciones Exteriores, hoy convertido en titular de la Secretaría de Economía, incluso se declara preparado para fortalecer la relación.
Por otro lado, ante la amenaza de deportaciones masivas, situación que sería insostenible para México, Aragonés asevera que el gobierno de Sheinbaum necesita reorientar las funciones de la red consular de México en EE.UU.
“Estamos listos para defender nuestra soberanía, los intereses de México y potenciar el tratado en beneficio de Norteamérica”, escribió el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México hace unos días en redes sociales.
En caso de que se impongan aranceles de hasta un 25 % si no se frena la migración, tal como ha amenazado Trump, Ebrard adelanta que la estrategia de México será aplicar medidas en una escala similar, con lo cual, las consecuencias serían inmediatas para la economía estadounidense.
“Es tan grande la importación de EE.UU. respecto a México, que le pegaría no solo a la industria automotriz, sino que le pegas a muchas otras. El impacto sobre el incremento de los precios en la Unión Americana se haría sentir al día siguiente de aplicar la medida”, aseguró Ebrard.
Por otro lado, ante la amenaza de deportaciones masivas, situación que sería insostenible para México, Aragonés asevera que el gobierno de Sheinbaum necesita reorientar las funciones de la red consular de México en EE.UU.
“La red consular debe favorecer un verdadero apoyo a los migrantes. Los consulados deben asumir la función de defender a los migrantes en todo sentido, ya no limitarse solamente a gestionar trámites”, concluye la catedrática de la máxima casa de estudios.
