El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que la metas de disciplina fiscal en el Paquete Económico 2025 son poco creíbles, y si no se cumplen podrían en riesgo la calificación crediticia de la deuda soberana, lo que afectaría la competitividad del país y el gasto público, como el destinado a programas sociales.
Si bien Hacienda busca reducir el déficit del sector público del 5.9% del PIB en 2024 al 3.9% en 2025 para mantener la deuda pública alrededor del 51.4% del PIB, la viabilidad de este ajuste es incierta, según el documento “Paquete Económico 2025: dudas sobre los compromisos con la disciplina fiscal”.
El principal supuesto del gobierno, un crecimiento económico de entre 2% y 3% en 2025, no coincide con las proyecciones de analistas e instituciones, indicó el IMCO.
Abundó que el rango oficial estimado del crecimiento del PIB está por encima de las proyecciones de 35 organismos internacionales, entes públicos, bancos, casas de bolsa y consultoras, que prevén que el PIB crecerá entre 0.2% y 1.9% el siguiente año.
El Banco Mundial estima un crecimiento del PIB de 1.5%; el Fondo Monetario Internacional, 1.3%; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 1.2%; Banco de México, 1.2%, y la Encuesta de Citibanamex, 1%.
El IMCO recordó que el crecimiento económico estimado por Hacienda en los Criterios Generales de Política Económica suele ser más alto que el observado. Entre 2008 y 2023, por ejemplo, en 12 ocasiones la proyección de la secretaría fue superior al crecimiento efectivamente registrado.
Así, advirtió, si la economía no crece al ritmo previsto, difícilmente se cumplirá el supuesto de ingresos, particularmente los tributarios (ISR e IVA), que dependen directamente de la actividad económica.
En este contexto, de no concretarse el ajuste fiscal propuesto por Hacienda, la deuda como porcentaje del PIB (uno de los indicadores clave que las agencias calificadoras consideran para evaluar la capacidad del gobierno mexicano para cumplir con sus obligaciones financieras) podría superar el 51.4% proyectado para 2025.
Si no se evita el crecimiento de este indicador, en un contexto de deterioro del clima de inversión ante cambios regulatorios que afectan la certidumbre jurídica en el país, existe el riesgo de rebajas a la calificación soberana que limitarían la capacidad de la administración de Sheinbaum para acceder al mercado de capitales en condiciones relativamente favorables al enfrentar mayores costos de financiamiento.
En consecuencia, el gobierno se vería forzado a reorientar recursos adicionales al servicio de la deuda en detrimento de la inversión en infraestructura, programas sociales u otros proyectos clave.
Además de incrementar la presión sobre las finanzas públicas, una disminución de las calificaciones crediticias podría generar volatilidad en los mercados cambiarios, aumentar la percepción de riesgo país y reducir la inversión extranjera directa en detrimento de la competitividad del país.
