Se han cumplido cinco años por la invasión de terrenos del bosque de niebla sin que las autoridades estatales resuelvan a satisfacción ese delito en contra de un grupo de pequeños propietarios que desde ese tiempo luchan por rescatar sus predios ocupados.
Hubo demandas, hubo investigaciones ministeriales, hubo sentencias del poder judicial y hubo insistencia social para desalojar a los ocupantes, pero nada fue suficiente. Por extrañas razones los invasores siguen haciendo amagos y amenazas para mantenerse indebidamente en esas áreas.
Desde siempre los ciudadanos de Coatepec han exigido la restitución de los predios invadidos en Jinicuil Manso, situado en pleno bosque mesófilo de montaña. La diligencia de desalojo ha sido pospuesta 16 veces. “Es hora de poner fin a la invasión que amenaza nuestra comunidad y nuestro entorno”, es el mensaje que plantea un video que circula profusamente en la región.
Hace pocas semanas los invasores agredieron al trabajador de uno de los predios ocupados. Los agresores son de una organización de la Central Independiente de obreros Agrícolas y Campesinos CIOAC, la cual utiliza documentación falsa para buscar beneficios que no les corresponden.
Por su parte, los propietarios afectados manifestaron a Palabras Claras lo siguiente: “Buenos días, unas palabras sobre la invasión en el Jinicuil Manso. Desde nuestro punto de vista, esta situación es en realidad muy sencilla, y lamentamos mucho que durante tanto tiempo, ya cinco años, se ha politizado de la manera en la que se ha politizado, en lugar de simplemente respetar los derechos y las leyes. Por un lado, pues hay una batalla jurídica por varios frentes, una en contra del deslinde de las dos mil hectáreas, y otra, por los predios que están invadidos, que son tres, y donde actualmente radican unas pocas personas. Sin embargo, los domingos se juntan mas. Un poco nuestro posicionamiento es, que en realidad si se quisiera actuar con la ley, sería muy sencillo arreglar el asunto, sin embargo, hemos visto cómo se ha dilatado el proceso, y cómo se han violado todos nuestros derechos, en los procesos, y en la falta de cumplimiento, incluso de las mismas sentencias de los jueces que han pasado por este asunto, entonces, bueno, pues ahora estamos ante la orden número 17 de desalojo, y estamos con la esperanza de que el nuevo gobierno tenga ganas de arreglar el asunto, porque se ha convertido en un asunto de inseguridad, toda esta zona ahora esta asolada por estos individuos que se pasean con machete en mano, con escopetas también, echan balazo y amenazan a la gente en el territorio, que en realidad es un territorio donde hay muchísimos propietarios, gente que ha vivido ahí desde hace siglos en algunos casos, y en general, propietarios que tienen sus predios en regla, que algunos son parte del programa FIDECOAGUA de servicios ambientales, que tienen producciones de café, hay comunidades ahí arriba y lo único que se pide es lo que cualquier comunidad en nuestro país clamaría, que es el respeto a los derechos de todos y a la Ley. Muchas gracias y un saludo”.
Quizá sería conveniente que la gobernadora Rocío Nahle le ordenara la solución de este alargado problema al licenciado José Manuel Pozos Castro, su flamante subsecretario de gobierno, un visionario personaje que conoce con detalle el asunto desde su origen, así como sus repercusiones económicas y políticas, y también con algunos vínculos con los negociantes líderes de los invasores.
Pozos Castro parece seguir la fructífera escuela del exsecretario de gobierno Jorge Uscanga, aquella que reza que “aquel que sabe cómo iniciar problemas, también sabe cómo resolverlos”.
Y si esto no se soluciona por la vía legal, negociando algunas bien ubicadas hectáreas, se resuelve maravillosamente.
