Desde que se legalizó el triunfo de la doctora en derecho Rosalba Hernández Hernández, primero como magistrada del Poder Judicial de Veracruz, y después como presidenta de ese órgano jurisdiccional, los involucrados en ese proceso afirman que se manifestó el respeto y reconocimiento que esta entidad federativa tiene hacia sus pueblos originarios.

La ahora magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJV), llega a la silla principal de ese poder, con más de un cuarto de siglo de experiencia jurídica. La abogada inició como escribiente de juzgado, secretaria de estudio y cuenta por oposición -no dedazo o compadrazgo-, hasta ser presidenta del Comité de Igualdad de Género. En lo académico, las cartas credenciales de Rosalba Hernández son reales y solidas. 

Pero cuando se creía que los cambios serían para mejorar, en el Órgano de Administración Judicial en Veracruz, que entró en funciones el pasado 1 de septiembre, los olores nauseabundos vuelan y la falta de prudencia, pluralidad, transparencia y eficacia desestabilizan el núcleo del Poder Judicial.

Y se afirma lo anterior porque comentan en esas oficinas que algunos de los integrantes de ese poderoso Órgano Administrativo, se conducen bajo los intereses de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez, que cuando supo que ya no ocuparía la presidencia del TSJV, se apresuró a integrarlo con sus incondicionales, desde junio de 2025, para, presuntamente, encubrir los jugosos negocios que realizó como presidenta de ese Tribunal, y así poder continuar con el control económico en ese poder del estado. 

Lo cierto es, aseguran, que Diana Adivedh Cruz Villegas y Víctor Luis Priego López, integrantes del nuevo órgano de administración, inquietos y no satisfechos con un salario superior a los 125 mil pesos mensuales, tratan de imponer a sus “aliados” para integrar la nueva “mafia del Poder Judicial” en Veracruz, lo que generará un impacto negativo en ese espacio.

Y aunque esa situación no es nueva, porque gran parte de las personas que ocuparon la presidencia del TSJV han estado rodeadas y han consentido una “mafia del poder”, la opacidad, la discrecionalidad, la prisa y el nepotismo al parecer no termina, por el contrario, siguen apareciendo engendros nacidos del capricho.

Por ejemplo, durante el gris sexenio de Cuitláhuac García, se ventilaron hechos abrumadores y graves casos de corrupción en la dirección de administración del Poder Judicial, que han quedado impunes por los chantajes y complicidades con familiares del exgobernador morenista.

El Poder Judicial de Veracruz tendrá que demostrar que el fin del festín y las viejas alianzas de la “mafia del poder” no serán una constante. Pero si se continúa privilegiando a personajes sin valía, profesionalismo y preparación, la transformación, en esa institución, no llegará y el impacto político será profundo.

En manos de la doctora Rosalba Hernández y de los magistrados está la aplicación de las leyes, conocer las verdades y mostrar el nuevo rostro del Poder Judicial de Veracruz. Alguien tiene que investigar y dar la cara.

¿O, será que surge una nueva “mafia en el Poder Judicial”, la omertá de Mario Puzo, en Veracruz?

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