El Poder Judicial de Veracruz enfrenta una crisis de legitimidad ante múltiples denuncias de corrupción y prácticas irregulares, en medio de la renovación del Órgano de Administración Judicial. La expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, figura central en estos señalamientos, fue reemplazada recientemente por la doctora Rosalba Hernández, en un proceso que ha generado cuestionamientos sobre la continuidad y transparencia administrativa.
En junio de 2023, Jiménez Aguirre reconoció investigaciones internas por presuntas redes de corrupción entre jueces, aunque evitó generalizar y afirmó que los procesos legales se respetan. Sin embargo, la falta de avances públicos y sanciones ha alimentado la percepción de impunidad.
La reestructuración de las salas judiciales y la concentración de poder en el Órgano de Administración, integrado por Víctor Luis Priego López, Diana Adivedh Cruz Villegas, Alma Rosa Flores Ceballos, María del Socorro Hernández Cadena y Antonio Sobrevilla Castillo, con salarios entre los 125 y 145 mil pesos mensuales -más prestaciones-, figuras con antecedentes en el TSJ, ha suscitado dudas sobre la independencia del Poder Judicial veracruzano, ya que presuntamente gran parte de estos impolutos personajes conectan con el andamiaje de corrupción y complicidades que fue armado de la mano de Lisbeth Jiménez, magistrada estatal y aficionada al juego de pádel.
Las auditorías y reformas que comenzarán a exigir organizaciones civiles y gentes al interior del Poder Judicial, para garantizar transparencia y rendición de cuentas, se iniciarán pronto debido a que se busca restaurar la confianza ciudadana.
Señalamientos contra Lisbeth Jiménez
Pero como la memoria es corta, durante su gestión, Lisbeth Jiménez fue acusada de encubrir irregularidades dentro del Poder Judicial, he aquí algunas:
- Posibles redes de corrupción entre jueces y funcionarios, con prácticas de favoritismo en la asignación de casos y contratos.
- Uso indebido de recursos públicos y nepotismo dentro del órgano judicial.
- Falta de transparencia en procesos internos de designación y evaluación, lo que habría facilitado la permanencia de funcionarios cuestionados.
Es decir, los mismos modos y prácticas que emplean y tejen gran parte de los integrantes del Órgano Administrativo que inició funciones formales el pasado 1 de septiembre.
En aquél entonces, Jiménez Aguirres reconoció la existencia de investigaciones internas, no se dieron a conocer resultados claros ni sanciones, lo que generó desconfianza en la sociedad, los organismos de vigilancia y entre los jueces y empleados del Poder Judicial.
Corrupción y conflicto de interés
La combinación de estas prácticas y la falta de rendición de cuentas ha erosionado la confianza en el sistema judicial de Veracruz, con crecientes demandas de organismos civiles y políticos para:
- Transparentar procesos de nombramientos y contratos.
- Investigar a fondo todas las denuncias de corrupción y conflicto de interés.
- Promover reformas estructurales que garanticen la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial.
Sin embargo, toda esa presión social y la que se ha realizado desde algunos medios de comunicación parece no importar a las nuevas autoridades del Poder Judicial, a pesar del “tour de medios y columnistas” que realizó la magistrada presidenta Rosalba Hernández, donde, se sabe, la preocupación estuvo en la lisonja o en la contratación de “periodistas de face” y no en eliminar las viejas prácticas de la “mafia del Poder Judicial” en Veracruz.
El Tribunal Superior de Justicia en Veracruz enfrenta un momento crítico porque no ha demostrado independencia y transparencia en la justicia en el estado. Por lo tanto, deberá transparentar la designación y asignación de jueces y de los nuevos funcionarios de ese Poder, además de supervisar y controlar las adquisiciones y contratos si se quiere recuperar la confianza pública y fortalecer el Estado de Derecho.
Hasta el momento está en entredicho una institución valiosa del Estado, por los escándalos de corrupción y el conflicto de intereses que no terminan en el Poder Judicial de Veracruz.
