El tema de la revocación de mandato está resurgiendo en el país y la mandataria nacional se acaba de manifestar en favor de quitar el fuero constitucional a todos, con el argumento de que si el titular del poder ejecutivo ya no lo tiene, tampoco deben tenerlo los diputados y senadores. Esta medida seguramente está causando molestia y desencanto en el congreso de la república y en muchos aspirantes a cargos legislativos.
Esta necesaria reforma debe caminar hasta su consolidación, porque de una necesidad ante gobiernos dictatoriales pasó a ser una especie de gracia del poder, que en estos tiempos sólo ha servido para que muchos de los que detentan un cargo, actúen con prepotencia y desacato de las mismas leyes y reglamentaciones derivadas de la Constitución.
En Veracruz el tema también apareció la semana anterior en el acostumbrado cruce de declaraciones y posiciones discordantes que suelen manifestar el senador Manuel Huerta y la gobernadora Rocío Nahle. Ella dice que promoverá o impulsará la revocación de mandato para el titular del poder ejecutivo, pero que debe extenderse a los senadores.
Pero el país no sólo requiere de la revocación de mandato en los poderes ejecutivos y legislativos a nivel federal y estatal, sino que urgentemente necesita establecer disposiciones legales tajantes en materia administrativa, que impidan que los malos o corruptos funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial, a partir de las jefaturas de departamento o puestos similares, continúen campeando a sus anchas en las oficinas, muchas veces sin documentación legal que acredite los conocimientos o especializaciones profesionales que esos puestos exigen.
Es preciso restablecer el servicio profesional de carrera, la evaluación periódica de los mandos medios y superiores y la evaluación de resultados de gestión, además de fortalecer y hacer respetar las disposiciones de carácter laboral para evitar despidos injustificados donde se cometen graves injusticias, en una época en que hipócritamente se habla de transformación, de segundo piso o de humanismo.
Todo mundo conoce a personajes que sin estudios o preparación van por la vida y el servicio público como abogados, contadores, administradores, psicólogos, ingenieros, arquitectos y demás carreras universitarias. Y también que muchos de ellos han hecho fortuna (en ocasiones millonaria) en los cargos públicos, gracias a corruptelas, fraudes e irregularidades de todo tipo, habiendo presentado documentos apócrifos en lugar del título profesional. En muchos lugares del país se conoce de casos en que las propias universidades públicas o privadas otorgan títulos falsos como en estos momentos ocurre en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.
Y esta modificación legal ayudaría a motivar e impulsar a los auténticos egresados de las universidades y tecnológicos, desalentados por la escasez de trabajo y bajos salarios o simplemente desplazados por extranjeros, como lo decidió AMLO de manera autoritaria en su administración, contratando médicos cubanos, en lugar de mexicanos, aduciendo que aquí no había disponibles o que no querían trabajar.
México sólo progresará con orden y justicia. Como país debemos evolucionar hacia una nación moderna donde el que detente un cargo público o de representación o mandato constitucional, actúe con honorabilidad, respeto a la Ley, con verdadero humanismo, profesionalismo, eficiencia, eficacia y resultados tangibles. Los cargos públicos no pueden ser hereditarios, permanentes o adquiridos mediante oscuros contubernios o para hacer campañas políticas en las colonias. Y quien no sirva, que se vaya.
