A más de 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI en 1994, persisten dudas sobre cómo ocurrió el magnicidio que marcó a México. Hoy, en un país nuevamente convulsionado por la violencia y la crisis de seguridad, gobernado por Morena, el caso vuelve a ocupar un lugar central tras el encarcelamiento de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El sábado pasado, el juez federal Marcelino Niño Jiménez dictó auto de formal prisión contra Sánchez Ortega, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de homicidio calificado en perjuicio de Colosio. La resolución se sustenta en nuevos análisis realizados a la ropa que el exfuncionario portaba el día del crimen, en los que se detectaron restos de metales pesados compatibles con la detonación de un arma de fuego, de acuerdo con una investigación de Milenio.
La FGR había intentado detenerlo sin éxito en 2023 y 2024, pero el exagente logró evadir la cárcel mediante amparos. Su situación cambió tras la aplicación de la prueba Harrison-Gilroy, o rodizonato de sodio, que arrojó resultados positivos y reforzó la hipótesis de su participación en los hechos del 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.
Un caso lleno de claroscuros
Desde el primer momento, las autoridades responsabilizaron a Mario Aburto Martínez como el autor material del asesinato. Detenido en el lugar y procesado como tirador solitario, Aburto cumple una condena de 45 años de prisión que se mantendrá vigente hasta 2039, tras la reciente negativa de la Suprema Corte para otorgarle un amparo que buscaba su liberación anticipada.
No obstante, el expediente del caso Colosio ha estado rodeado de inconsistencias, versiones enfrentadas y sospechas sobre la posible participación de más personas. Sánchez Ortega fue detenido inicialmente en marzo de 1994 debido a manchas de sangre en su ropa, pero fue liberado al no poder acreditarse que había disparado un arma.
En 1995, la entonces PGR acusó a Othón Cortés, chofer asignado al candidato ese día, de ser un segundo tirador. Sin embargo, fue absuelto un año después al no encontrarse pruebas contundentes en su contra. Cortés falleció en 2020 sin concluir su intento de demandar al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pese a haber sido llamado a declarar en múltiples ocasiones, Sánchez Ortega ha mantenido una misma versión: asegura que sólo cumplió órdenes de seguimiento desde el aeropuerto de Tijuana hasta el mitin en Lomas Taurinas y niega haber detonado un arma. Sin embargo, tampoco ha logrado probar plenamente su inocencia.
¿A punto de cerrar un expediente histórico?
Ahora, con el país sumido en una crisis de seguridad, gracias a la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador “abrazos, no balazos”, que supera récords de homicidios y violencia criminal, y al magnicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, la reapertura de este caso histórico adquiere un nuevo peso político. La FGR sostiene que los resultados recientes podrían ayudar a cerrar finalmente uno de los episodios más turbios y sensibles de la historia contemporánea de México.
A tres décadas del magnicidio, el caso Colosio —símbolo de un país que aún busca respuestas sobre su pasado político— vuelve a colocarse en el centro del debate nacional.
