Un reporte de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) encendió nuevamente las alertas sobre las profundas fallas del sistema de justicia penal en Estados Unidos, al documentar al menos 21 casos de personas “probablemente inocentes” que fueron ejecutadas desde 1973 debido a condenas erróneas, la mayoría pertenecientes a minorías étnicas.
La investigación, publicada este miércoles, detalla patrones de racismo estructural que han influido directamente en decisiones judiciales, procesos de investigación y sentencias, incluyendo la aplicación de la pena de muerte. Megan Byrne, abogada del proyecto de la ACLU responsable del análisis, subrayó que cada condena injusta es el resultado de un sistema permeado por desigualdades históricas.
“Cada condena injusta revela no solo el fracaso individual, sino los patrones de injusticia sistémica incorporados a la pena de muerte en sí misma”, afirmó Byrne, al destacar que las raíces racistas que dieron origen a este tipo de castigo continúan presentes en su implementación actual.
Casi 200 inocentes condenados a muerte fueron exonerados
El informe también revela que casi 200 personas sentenciadas a la pena capital —y posteriormente declaradas inocentes— han sido exoneradas a lo largo de las últimas cinco décadas. Más de la mitad de ellas eran afroamericanas, lo que refuerza la denuncia de disparidad racial en los procesos judiciales.
Entre los factores más determinantes en estas condenas erróneas se encuentra el uso de testimonios falsos, presentes en el 93.8% de los casos que involucraban a personas latinas y en el 70.7% de los que afectaron a afroamericanos.
Racismo, mala práctica y errores humanos
La ACLU advierte que los errores no se limitan a testimonios falsos. La mala conducta de fiscales y policías, identificaciones equivocadas por parte de testigos y la participación de jurados inexpertos o poco confiables también juegan un papel crítico en la imposición de sentencias injustas, incluidas condenas a muerte.
El informe reaviva el debate sobre la permanencia de la pena capital en Estados Unidos, donde defensores de derechos humanos cuestionan su validez moral y su evidente vulnerabilidad ante fallas estructurales que pueden costar la vida a personas inocentes.
