La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a recurrir a una estrategia ya conocida. Negar, matizar y deslindar. Este martes, la mandataria aseguró que no existen carpetas de investigación contra transportistas y agricultores que han bloqueado carreteras en distintos puntos del país, pese a que ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, insinuó lo contrario.
Sheinbaum defendió a Rodríguez —aunque en la práctica la desdijo— y aseguró que todo se trató de un “malentendido”. Según la presidenta, la secretaria simplemente respondió que cerrar carreteras es un delito, pero nunca afirmó que hubiera investigaciones abiertas. La narrativa oficial, una vez más, parece ajustarse a conveniencia.
El problema no es menor. Mientras la titular de Gobernación acusa públicamente a los líderes del movimiento de tener vínculos con partidos opositores y de contar con antecedentes por bloqueos y toma de casetas, la presidenta rechaza cualquier posibilidad de persecución y se presenta como garante de libertades.
Esta contradicción exhibe un doble discurso que ya se ha vuelto frecuente en los gobiernos de Morena. Por un lado, se criminaliza mediáticamente la protesta; por el otro, se niega cualquier acción legal para no cargar con el costo político.
Sheinbaum afirma que su gobierno “no persigue a nadie por manifestarse”. Sin embargo, la insistencia de Gobernación en vincular las movilizaciones con intereses partidistas no es un mensaje neutral, sino un intento claro de restar legitimidad a las demandas de transportistas y agricultores, quienes han expresado inconformidades reales sobre seguridad, costos operativos y abandono institucional.
Rosa Icela Rodríguez fue tajante al decir que los manifestantes “no nacieron ayer” y que varios ya han tenido procesos judiciales. ¿Qué buscaba entonces al subrayar este punto? ¿Advertir, desacreditar o presionar? Nada en esas declaraciones sugiere un clima de libertad plena para protestar.
Al final, Sheinbaum pide confianza, pero el gobierno envía señales contradictorias. Y en medio de ese vaivén discursivo quedan los ciudadanos que protestan: unos dicen que no hay persecución, otros recuerdan sus antecedentes judiciales. La narrativa oficial cambia según el micrófono, pero el mensaje político es el mismo: manifestarse es permitido, siempre y cuando no incomode demasiado.
