En Veracruz, el sistema de salud no está enfermo: está secuestrado. Y quienes deberían curarlo llevan años administrando ese secuestro como si fuera un trámite más.
La corrupción en SESVER no es una herida reciente ni un desliz de funcionarios torpes. Es una red vieja, instalada, aceitada y protegida por todos los gobiernos que le sucedieron. Una red que sobrevivió cambios de administración, auditorías federales, denuncias penales y promesas de “limpia total”.
Aquí nadie cayó. Nadie responde. El sistema no se depuró. Solo se reorganizó.
La centralización del sistema prometía dejar atrás la etapa oscura de SESVER. Pero Veracruz entró a IMSS–Bienestar con un expediente que huele a podrido: más de 1,600 millones de pesos observados por irregularidades, según reportes públicos ampliamente difundidos.
Denuncias penales fueron anunciadas con bombo y platillo. ¿Resultados? Silencio. ¿Responsables? Ninguno. ¿Consecuencias? Cero.
Las mismas redes que manejaban contratos, adjudicaciones y supervisiones no se desactivaron: se adaptaron al nuevo contexto. Y en esa adaptación, algunos operadores no solo sobrevivieron: crecieron.
Al nuevo secretario de Salud, el médico Valentín Herrera Alarcón, lo presentaron como técnico, serio, disciplinado. Parece que lo es. Pero lo colocaron al frente de un barco cuya tripulación no le responde.
¿Cómo se supone que alguien transforme un sistema en el que no controla su propia nómina, no nombra a sus jefes y cada jurisdicción opera como feudo personal?
En Veracruz, el secretario es la cara. El poder real está abajo, en las jurisdicciones. En las redes que nadie toca.
Y si hay un símbolo del deterioro del sistema, es la Jurisdicción Sanitaria de Martínez de la Torre.
Ahí opera desde hace años una estructura señalada constantemente por empresarios, trabajadores del sector salud y autoridades municipales por prácticas discrecionales: permisos que se aceleran o frenan según “circunstancias”, inspecciones selectivas, trámites condicionados y presiones administrativas que nada tienen que ver con la salud pública.
Y en el centro de esos señalamientos aparece un nombre que se repite una y otra vez: el jefe jurisdiccional, Dr. Francisco Pimienta Luna. No se afirman delitos —eso corresponde a la autoridad investigarlos—, pero sí se subraya lo innegable: en esa jurisdicción nada se mueve sin pasar por él.
En un estado que presume combate a la corrupción, un funcionario con tantos cuestionamientos públicos debería ser evaluado. En Veracruz, permanece. Y eso lo dice todo.
En la zona de Costa Esmeralda, hoteleros y restauranteros describen a la Jurisdicción Sanitaria como un factor de incertidumbre. No como una autoridad técnica, sino como una fuerza que presiona, condiciona y genera temor.
Cuando los reguladores inspiran miedo, no confianza, la institución ya no regula: controla. Y cuando controla con criterios opacos, deja de servir a la salud y empieza a servir a intereses.
La señal más contundente de que Veracruz no ha cambiado está en lo que no ocurre: no cesan redes, no se revisan operadores, no se transparentan permisos, no se rinden cuentas.
La impunidad dejó de ser un efecto. Es el método. Es la regla. Es la política pública no declarada.
En tanto, la población vive las consecuencias: hospitales sin medicamentos, unidades sin insumos, personal desprotegido, inspecciones caprichosas, programas que no llegan al territorio, trámites que dependen del humor —o del interés— de alguien más.
El sistema no está fallando. El sistema está diseñado para funcionar así.
Si la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle realmente quiere reconstruir el sistema de salud, no puede seguir administrando el deterioro. Tiene un punto de partida obvio y urgente: las jurisdicciones sanitarias, donde se concentra el poder real y donde sobreviven operadores que han sido señalados una y otra vez por la ciudadanía.
Romper esas redes implica asumir un costo político. Mantenerlas tiene un costo social: vidas, bienestar, confianza pública.
Veracruz no necesita más discursos. Necesita decisiones. Y necesita que alguien, al fin, se atreva a tocar lo intocable.
La salud no puede seguir siendo botín. El territorio no puede seguir repartido en feudos. Los veracruzanos no pueden seguir pagando el precio de la impunidad. La limpieza no puede esperar y la responsabilidad es ineludible.
