La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza ejercer su facultad de atracción en un caso que podría marcar un precedente nacional en materia de autonomía universitaria y procedimientos internos de designación. El asunto gira en torno a la designación de Martín Aguilar, como Rector de la Universidad Veracruzana (UV) este año, proceso que ha generado un profundo malestar dentro de la comunidad académica y que hoy ha escalado al máximo tribunal del país.
El Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Veracruz suspendió la resolución de un recurso de queja luego de recibir un oficio de la SCJN, el cual notifica que el tribunal estudia asumir directamente el análisis del expediente. De concretarse, la Corte tendría la oportunidad de revisar un conflicto que ha suscitado tensiones internas y cuestionamientos sobre la actuación de la actual Junta de Gobierno y del rector Martín Aguilar, a quien diversos sectores universitarios han señalado por prolongar su gestión sin una convocatoria formal para la elección de sucesor.
El origen jurídico del caso se encuentra en la demanda de amparo indirecta promovida inicialmente por Carlos Welsh Rodríguez y, posteriormente, por Héctor Coronel Brizio. Ambos denunciaron que la Junta de Gobierno incumplió con su obligación legal de publicar, el 30 de junio de 2025, la convocatoria para la designación del nuevo titular de la Rectoría, tal como establece la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana. Según los promoventes, esta omisión y los procedimientos irregulares asociados generan un daño irreparable a sus derechos como aspirantes.
La ministra Lenia Batres Guadarrama presentó la solicitud para que la Corte atraiga el caso, considerando que se trata de un asunto con implicaciones que trascienden al ámbito local. Su argumento destaca que existen otros procedimientos similares en los que se han promovido amparos contra la denominada “prórroga” en la gestión del actual rector, figura que académicos y especialistas han cuestionado por carecer de sustento legal y por erosionar los principios de renovación institucional.
Mientras la SCJN determina si asume competencia plena, el expediente 336/2025 permanece suspendido. Una eventual atracción podría derivar en criterios relevantes sobre los procesos de nombramiento en instituciones autónomas, la interpretación de sus leyes orgánicas y la tutela efectiva de los derechos de quienes buscan participar en dichos procedimientos.
Para la comunidad universitaria, la intervención del Máximo Tribunal representa una oportunidad para restablecer certidumbre y transparencia en una institución marcada en los últimos años por tensiones internas y señalamientos de opacidad.
En tanto la Corte delibera, crece la expectativa dentro y fuera de la UV. La resolución que adopte no solo impactará en el proceso rectoral de 2025, sino que podría fijar parámetros de obligatorio cumplimiento para universidades públicas en todo el país.
