La mayoría legislativa de Morena y sus aliados aprobó en la Cámara de Diputados, con 324 votos a favor y 129 en contra, la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la adquisición, venta, producción, almacenamiento e importación de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México. La votación se dio en medio de una confrontación parlamentaria que escaló desde argumentos técnicos hasta señalamientos de corte político.
La sesión tuvo su momento más tenso cuando la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, subió a tribuna cargando una caja gigante envuelta como regalo. Desde ahí denunció que el dictamen representa “la reforma más prohibicionista, más autoritaria y más absurda que este país ha visto en décadas”. La legisladora advirtió que el texto aprobado contempla penas de hasta ocho años de prisión “por un vapeador”, y comparó dichas sanciones con delitos como violencia física contra mujeres o la divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento, que, recordó, tienen penalidades menores.
Reyes retomó su protesta del 3 de diciembre de 2024 -cuando vapeó en el pleno- y acusó a Morena de impulsar una reforma “escrita, cabildeada y diseñada para que el crimen organizado siga creciendo”, rematando con la frase: “¡Feliz Navidad al crimen organizado!”. Al concluir su intervención, dejó caer la enorme caja en la tribuna.
La diputada del PRI, Ana Isabel González, también manifestó su rechazo. Aseguró que el artículo 282 Quáter abre la puerta a que cualquier persona que adquiera, conserve o transporte vapeadores enfrente penas de uno a ocho años de prisión y multas que podrían alcanzar los 225 mil pesos. “Una persona podría ir a la cárcel por dejar un vapeador en su coche”, advirtió.
Desde el PT, Margarita García defendió la reforma y negó que criminalice el uso personal. Afirmó que el dictamen no sanciona la portabilidad ni el consumo, e insistió en que no debe engañarse “al pueblo”. En respuesta, González pidió revisar las páginas 817 y 835 del dictamen, donde -recalcó- se prohíbe expresamente la adquisición, conservación, producción y comercio de los dispositivos.
El panista Federico Döring calificó la medida como una “incongruencia” del oficialismo, al señalar que mientras se busca criminalizar la portación de vapeadores, el país arrastra años sin compras consolidadas de medicamentos y enfrenta carencias básicas en hospitales.
Morena defendió el dictamen. El diputado Fernando Mendoza acusó a la oposición de desarrollar una “campaña de desinformación” y sostuvo que la reforma no criminaliza al consumidor, sino a quienes colocan “productos tóxicos” en el mercado.
Pese a las posiciones encontradas, el bloque mayoritario cerró filas y avaló el dictamen en lo general. El debate continuará en lo particular, mientras la oposición anticipa recursos legales y un nuevo capítulo en la disputa por el control del mercado de vapeo en el país.
