Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, la presidenta Claudia Sheinbaum no mostró enojo por la tragedia, ni por las posibles fallas estructurales de una obra pública, ni por las víctimas. Mostró indignación contra los medios.
“Qué falta de pudor periodístico, qué falta de humanidad”, reclamó la presidenta. No por el descarrilamiento en sí, sino porque los medios se atrevieron a ponerle rostro a la tragedia. Porque publicaron fotografías. Porque evidenciaron que detrás del discurso triunfalista hay muertos, heridos y familias destrozadas.
El problema no es la cobertura. El problema es lo que la cobertura revela.
A la denominada Cuarta Transformación no le incomoda el dolor ajeno; le incomoda que el dolor tenga nombre, apellido y contexto político. Lo que molesta no es la tragedia, sino que se exhiba como consecuencia de una cadena interminable de irregularidades, negligencias y presunto influyentismo.
Para los familiares de las víctimas y para la sociedad en su conjunto, la exigencia es elemental. Que el gobierno permita investigarse a sí mismo. Que no convierta la Fiscalía General de la República (FGR) en un mecanismo de contención política. Que no archive el caso bajo el peso de los apellidos correctos.
Por eso se exige que se investigue a Gonzalo López, “Bobby” López, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fungió como supervisor ‘honorífico’ de la obra. No se piden linchamientos, se pide claridad. “Que se aclare, nada más”, dicen los familiares. Algo que, en un país normal, no debería ser motivo de escándalo.
Pero en México, cuando el apellido López aparece en un expediente, la justicia suele caminar con muletas.
Las dudas no son menores. Legisladores, analistas y especialistas coinciden en que Bobby López nunca acreditó la experiencia técnica ni la pericia ferroviaria necesarias para supervisar una obra de esa magnitud. Nadie ha podido explicar, con argumentos profesionales y no políticos, por qué ocupaba ese cargo.
Peor aún. Las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación advierten que la obra fue mal planeada y ejecutada con materiales de baja calidad. El balasto -la piedra que sostiene las vías- fue suministrado por Amílcar Olán, amigo cercano de Bobby López y de Andy López. La red de relaciones no es casualidad; es patrón.
Aquí no se habla de errores administrativos aislados, sino de un sistema donde el influyentismo y la cercanía con el poder sustituyeron a la capacidad técnica y a los controles de calidad. Exactamente aquello que la Cuarta Transformación prometió erradicar.
La investigación quedó en manos de la FGR, lo cual genera sospechas razonables. En democracias funcionales, tragedias ferroviarias activan organismos autónomos, especializados y técnicamente independientes del poder político. En México, se opta por el camino conocido: el del control, la opacidad y el desgaste del tiempo.
Mientras tanto, desde Palacio se regaña a la prensa. Se acusa falta de humanidad a quienes informan, pero no se ofrece una sola palabra autocrítica sobre la posible responsabilidad del Estado. Se pretende moralizar la cobertura para evitar moralizar el poder.
La verdadera bajeza no es publicar fotografías. La verdadera bajeza es construir obras emblemáticas con malos materiales, malos supervisores y peores decisiones. La verdadera falta de humanidad es proteger apellidos antes que víctimas.
La pregunta sigue intacta: ¿quién va a responder por el descarrilamiento? Y, sobre todo, ¿hasta dónde llega la justicia cuando el expediente toca al corazón político de la Cuarta Transformación?
El poder está indignado. Las víctimas, también. La diferencia es que unas exigen silencio y otras exigen verdad.
