La libertad de expresión enfrenta un deterioro sostenido a nivel mundial, marcado por el incremento de la autocensura, la violencia y el uso de marcos legales restrictivos contra el ejercicio periodístico, advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
De acuerdo con datos del organismo, la autocensura entre periodistas alcanza actualmente 63%, con un crecimiento aproximado de 5% anual. En paralelo, el Índice Mundial de Libertad de Expresión ha disminuido 10% desde 2012, mientras que los gobiernos han intensificado hasta en 48% sus esfuerzos por controlar y limitar a los medios de comunicación.
El informe *Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios de comunicación 2022-2025* señala que tan sólo en 2024 se registró el encarcelamiento de 361 periodistas. En los últimos tres años y medio, más de 310 comunicadores fueron asesinados y 85% de estos casos continúa sin resolución judicial, lo que evidencia altos niveles de impunidad. En el periodismo ambiental, de 46 asesinatos documentados desde 2010, sólo se han dictado seis sentencias condenatorias.
La situación es especialmente crítica para las mujeres periodistas. Desde 2022, al menos 24 han sido asesinadas y 73% ha reportado ataques en línea. Cuatro de cada 10 han sufrido acoso sexual, tanto verbal como físico, aunque sólo una minoría ha denunciado estos hechos ante las autoridades. La UNESCO subrayó que estas agresiones buscan marginar a las mujeres del espacio público y desacreditar su participación en el debate cívico.
El entorno digital se ha convertido en un espacio central de violencia. Un estudio de 2023 que analizó 283 agresiones contra mujeres periodistas identificó el acoso en línea como la forma más recurrente, lo que refuerza dinámicas de intimidación y aislamiento.
El informe también documenta un aumento significativo del desplazamiento forzado y el exilio de periodistas. Desde 2018, aproximadamente 913 comunicadores de América Latina y el Caribe han abandonado sus países para proteger su integridad ante amenazas del crimen organizado, persecución política y contextos de corrupción y represión.
La UNESCO advirtió que la expansión del discurso de odio y la desinformación ha debilitado la confianza pública en el periodismo y en las instituciones democráticas. Como resultado, los periodistas son silenciados mediante la violencia, la intimidación, el acoso judicial o la autocensura, generando zonas donde se reduce o desaparece la rendición de cuentas.
Asimismo, el organismo alertó que numerosos gobiernos han promovido leyes bajo el argumento de la seguridad nacional, el combate al terrorismo o la ciberseguridad, que en la práctica restringen la libertad de prensa. Actualmente, 160 Estados Miembros mantienen legislaciones que penalizan la difamación, utilizadas con frecuencia para inhibir la crítica y proteger a figuras públicas.
Finalmente, la UNESCO señaló que campañas coordinadas de odio, impulsadas por actores políticos y líderes de opinión, han logrado limitar la cobertura mediática sobre sus propias acciones. Estas campañas suelen combinar desinformación y discursos deshumanizantes, creando un entorno hostil que debilita el debate público y el ejercicio pleno del periodismo.
