Pese al pesado historial que arrastra por su paso al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como nuevo director general de los Centros de Formación para el Trabajo, un área estratégica adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El nombramiento fue confirmado por el titular de la SEP, Mario Delgado, quien defendió -con su cinismo propio- la decisión al calificar a Garduño como “un funcionario ejemplar” y asegurar que su participación será “fundamental para la reforma a la educación media superior que está en marcha con el bachillerato nacional”.
La designación en la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) depende de la Subsecretaría de Educación Media Superior y opera una red nacional integrada por 199 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y 28 Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT), encargados de formar mano de obra técnica en todo el país.
Delgado añadió que la incorporación de Garduño “se suma a la actualización de la oferta educativa en educación superior que se alinea con los sectores estratégicos del Plan México”, en referencia al proyecto económico del nuevo gobierno.
Sin embargo, el perfil del excomisionado del INM está lejos de ser neutro. Garduño dejó el cargo en abril de 2025, afirmando retirarse “con el alma llena de orgullo”, aunque su gestión quedó marcada por una de las tragedias más graves en materia migratoria en años reciente, el incendio ocurrido en marzo de 2023 dentro de una estación migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas que permanecían detenidas.
Aquel episodio desató una ola de críticas nacionales e internacionales y abrió procesos legales que aún siguen generando cuestionamientos sobre las responsabilidades institucionales y personales. Para amplios sectores, Garduño simboliza una política migratoria rebasada, opaca y carente de humanidad.
El traslado de un funcionario con ese antecedente a un área clave de la política educativa plantea interrogantes sobre los criterios del nuevo gobierno para evaluar trayectorias públicas. Mientras desde la SEP se insiste en su “ejemplaridad”, la memoria de Ciudad Juárez sigue presente como recordatorio de una gestión que, lejos de ser técnica, estuvo asociada a una tragedia que el Estado mexicano aún no ha saldado.
