La Sala Regional Unitaria Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz confirmó la validez jurídica de la concesión del servicio de parquímetros en Poza Rica, al resolver a favor de la empresa Sistema de Monitoreo Vial (SM Vial), operadora del sistema desde hace ocho años en el municipio.
En la resolución emitida el 27 de enero, el órgano jurisdiccional determinó que el Ayuntamiento no acreditó irregularidades suficientes para dejar sin efectos la concesión, por lo que ordenó la restitución de los equipos retirados y la continuidad del servicio conforme a los términos contractuales vigentes.
SM Vial, empresa con sede en Tuxpan y propiedad de Jaime Patiño Cienfuegos, promovió los recursos legales correspondientes tras la decisión municipal de cancelar el servicio. El fallo subraya que los contratos celebrados por autoridades legalmente facultadas generan derechos y obligaciones que trascienden los cambios de administración.
El servicio de parquímetros fue autorizado durante la gestión municipal encabezada por Fernando Remes Garza, como parte de una política de ordenamiento vial y regulación del espacio público. La sentencia judicial valida que dicho acto administrativo se emitió dentro de las atribuciones legales del Ayuntamiento en su momento.
Ante el fallo, el gobierno municipal actual debe de acatar la resolución en estricto apego al Estado de derecho, al principio de división de poderes y al marco constitucional, reconociendo la obligatoriedad de las resoluciones firmes emitidas por tribunales administrativos.
Especialistas en derecho administrativo señalan que este tipo de resoluciones refuerzan la certeza jurídica en las concesiones municipales y establecen un precedente sobre la obligación de sustentar técnica y legalmente cualquier intento de cancelación de servicios públicos concesionados, al margen de coyunturas o disputas políticas que se trasladan al ámbito mediático o a las redes sociales.
La decisión judicial resalta la relevancia de la continuidad administrativa y del respeto a los actos de autoridad válidamente emitidos, como elementos clave para la estabilidad institucional y la confianza en la gestión pública municipal.
