La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, afirmó que la investigación sobre el presunto cártel inmobiliario en la entidad avanza y que se llegará “hasta el fondo”, sin proteger a funcionarios de ningún nivel, en particular en los casos relacionados con el Registro Público de la Propiedad y diversas notarías.
En conferencia de prensa, Nahle confirmó que el caso conocido como La Casa de las Ánimas presenta avances significativos, al grado de que el inmueble ya fue recuperado y devuelto a sus legítimos propietarios. Señaló que en ese expediente el proceso está prácticamente concluido en la parte patrimonial.
En cuanto al Registro Público de la Propiedad, la mandataria reconoció que se trata de una investigación más compleja, en la que están involucradas múltiples personas. Aseguró que la revisión no se limita a mandos bajos o medios, sino que alcanza a directivos y a cualquier servidor público que haya incurrido en falsificación de documentos o en otras conductas ilegales.
“Persona por persona se tiene que aplicar la ley. Quien haya falsificado documentos incurrió en una violación grave”, sostuvo.
Nahle rechazó que se busque responsabilizar únicamente a empleados meritorios, como han denunciado algunos trabajadores, quienes aseguran que las modificaciones irregulares en documentos se realizaban por órdenes superiores. La gobernadora indicó que se investigará toda la cadena de responsabilidades.
Sobre los señalamientos de cobros irregulares en el Registro Público, donde presuntamente notarías pagaban cantidades adicionales para agilizar trámites -recursos que, según los empleados, se repartían de manera interna-, Nahle afirmó que no tenía conocimiento previo de estas prácticas, pero las calificó como graves.
“Un notario que paga para que lo atiendan está coaccionando o extorsionando. Y un empleado sin contrato no puede actuar institucionalmente”, afirmó.
La gobernadora anunció que se revisará la figura de los empleados meritorios, al considerar que no deberían existir en áreas sensibles como el Registro Público. Planteó que el personal debe ser contratado formalmente por el Estado, previa evaluación y controles de confianza.
Nahle adelantó que solicitará al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, que acuda a explicar públicamente los avances de la investigación, la cual también incluye a abogados y notarios. Aseguró que los nombres de los responsables se darán a conocer una vez que el proceso tenga mayor solidez jurídica.
“Eso pasa cuando se suelta el gobierno y hay ausencia del Estado. Eso no puede volver a ocurrir”, concluyó.
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