La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado un presunto daño patrimonial superior a 2 mil 300 millones de pesos en los Servicios de Salud de Veracruz. No se trata de observaciones menores ni de simples diferencias contables. Se trata de contratos simulados, compras inexistentes, nóminas irregulares, recursos federales desaparecidos y un sistema administrativo diseñado para la opacidad.
Con base a la investigación periodística publicada en Noreste, en el centro de ese entramado aparece un nombre clave: Jorge Sisniega Fernández, exdirector administrativo de SESVER y operador financiero durante el gobierno morenista de Cuitláhuac García, hoy empleado del gobierno federal en el CENEGAS, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Este caso no pertenece al pasado ni a los gobiernos neoliberales. Pertenece al presente. A los gobiernos que prometieron “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Por lo tanto, la responsabilidad recae directamente en quienes hoy gobiernan y procuran justicia.
Los informes de la ASF describen hechos que no pueden quedar en el archivo muerto. Medicamentos pagados que nunca llegaron, hospitales sin equipo, trabajadores fantasma cobrando mientras el personal real se desangraba en jornadas imposibles.
Eso no es mala administración. Es probable delito. Y la investigación no puede ni debe ser opcional. Los elementos están plenamente documentados por la máxima autoridad fiscalizadora del país. Hay montos, ejercicios fiscales, programas federales, cuentas bancarias irregulares y pagos indebidos perfectamente identificados.
Si la Fiscalía General de la República omite investigar, también incurrirá en responsabilidad. No basta con abrir carpetas para la simulación mediática. Se requieren líneas claras de investigación, citatorios, aseguramiento de documentos, análisis patrimonial y deslinde de responsabilidades. La pregunta es inevitable: ¿habrá justicia o habrá protección?
Para la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, el tema es políticamente incómodo, pero institucionalmente ineludible. Implica destapar un probable caso de corrupción en el gobierno de su antecesor y correligionario partidista. Está en juego su propia palabra: “ya no hay intocables”. Este es el momento de demostrarlo. La sociedad no exige venganza política. Exige Estado de derecho.
El saqueo al sistema de salud no fue una abstracción contable. Fue un daño directo a la población más vulnerable. Cada peso desviado fue una consulta negada, un tratamiento suspendido, una vida puesta en riesgo. Guardar silencio hoy equivaldría a convertirse en cómplice por omisión.
Archivar un caso como este enviaría un mensaje devastador: que en Veracruz se puede saquear sin consecuencias, que los informes y auditorías no sirven para nada y que la impunidad sigue intacta, aunque cambien los gobiernos.
Si Rocío Nahle actúa, demostrará que no protege la corrupción y que la ley sí alcanza a todos por igual. Las excusas se agotaron: no faltan pruebas, no falta información y no faltan leyes aplicables.
La única pregunta que queda es esta: ¿hasta dónde llegará la voluntad política? Cuando la justicia no llega a tiempo, también es corrupción.
