Las estadísticas oficiales sobre incidencia delictiva en México no reflejan la realidad de la violencia en el país y presentan inconsistencias graves que impiden su uso para el diseño de políticas públicas, advirtió la organización civil Causa en Común.

En el estudio “La (supuesta) incidencia delictiva durante 2025: qué dicen y qué ocultan los registros oficiales”, la organización analizó los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), y concluyó que el gobierno federal y los gobiernos estatales recurren a comparaciones arbitrarias, reclasificación de delitos y omisiones deliberadas para presentar supuestas reducciones en la criminalidad.

Causa en Común subrayó que, además del elevado nivel de cifra negra —estimada en 93% de los delitos que no se denuncian—, existen variaciones atípicas y cambios metodológicos que distorsionan los registros oficiales. En particular, alertó sobre la posible reclasificación de homicidios dolosos hacia otras categorías, como homicidios culposos, desapariciones u “otros delitos contra la vida y la integridad”.

Anomalías detectadas en 2025

El informe documenta múltiples casos que, a juicio de la organización, evidencian inconsistencias estadísticas:

  • Homicidio doloso vs. culposo: En Morelos, las víctimas de homicidio doloso disminuyeron 26% respecto a 2024, mientras que las de homicidio culposo aumentaron 25%.
  • Otros delitos contra la vida: Tabasco registró un incremento de 88% en esta categoría, al tiempo que reportó una reducción de 23% en homicidio doloso.
  • Desapariciones: Jalisco informó una caída de 33% en homicidios dolosos, pero un aumento de 219% en personas desaparecidas.
  • Feminicidio: Guanajuato, con 345 mujeres asesinadas en 2025, sólo tipificó como feminicidio el 5% de los casos.
  • Secuestro: Quintana Roo reportó cero víctimas de este delito, pero contabilizó mil 511 víctimas de “otros delitos contra la libertad”.
  • Trata de personas: En la Ciudad de México se registraron 83 víctimas de trata, frente a mil 716 casos de “otros delitos contra la sociedad”.
  • Extorsión: Chihuahua y Tlaxcala reportaron apenas 11 y 14 víctimas, respectivamente.
  • Narcomenudeo: Chiapas reportó mil 411 casos, un aumento de 453%, mientras que Tlaxcala registró sólo 117, muy por debajo del promedio nacional.
  • Violencia familiar: Seis entidades informaron menos de dos mil 500 casos, destacando Yucatán con 288 y Tlaxcala con 49.
  • Robo de vehículo con violencia: Colima no ha reportado ningún caso desde 2019, aunque sí registró 232 robos de vehículo sin violencia en 2025.
  • Robo a transeúnte y a transportista: Varias entidades reportaron incidencias mínimas o nulas, concentrándose la mayoría de los casos en pocas entidades.
  • Delitos en hidrocarburos: Aunque casi todos los estados reportaron incrementos, Baja California Sur, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz informaron reducciones, pese a su infraestructura estratégica.
  • Delincuencia organizada: A pesar de un marco legal amplio, la Fiscalía General de la República abrió muy pocas carpetas; Tabasco reportó cinco casos y Zacatecas uno en todo 2025.

Ante este panorama, Causa en Común sostuvo que la subestimación y distorsión de los datos responden a fines de propaganda política y cancelan su utilidad como herramienta de diagnóstico. Para revertir esta situación, la organización propuso:

  • Impulsar un programa nacional de fomento a la denuncia ciudadana, incluyendo mecanismos vecinales y digitales.
  • Fortalecer, con mayor presupuesto, los sistemas de información y tecnología del SESNSP.
  • Homologar criterios para la recopilación y manejo de la estadística delictiva.
  • Realizar auditorías a los registros estatales y federales, priorizando aquellos con anomalías.
  • Implementar programas de capacitación y supervisión para los funcionarios responsables de generar las cifras, con mecanismos de sanción y rendición de cuentas.

La organización advirtió que, sin información confiable, México seguirá tomando decisiones de seguridad pública sobre una base estadística incompleta y distorsionada.

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