A escasas semanas de recuperar su libertad, el panorama jurídico para el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha dado un giro drástico. Este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una nueva imputación en su contra, señalándolo ahora por el presunto delito de peculado, relacionado con el desvío de cinco millones de pesos que originalmente estaban destinados a programas para personas con discapacidad.
Tras una serie de maniobras procesales y tres diferimientos previos -justificados bajo el argumento de complicaciones médicas tanto del exmandatario como de su cuerpo técnico de defensa-, la audiencia finalmente se instaló en las salas de justicia federal.
El último obstáculo hacia la libertad
El ministerio público señaló durante una audiencia que duró casi siete horas que Duarte de Ochoa dirigía una red de funcionarios que utilizaban los recursos federales destinados a distintas áreas de desarrollo, para pagar salarios de los trabajadores de la entidad, y para ello mezclaban fondos estatales con federales, y también obtenían beneficios de ello.
El ex gobernador rechazó las acusaciones y calificó las pruebas presentadas por el Ministerio Público como “una bola de sandeces” y resaltó que “el Poder Judicial es un instrumento político del Estado”.
El ex gobernador veracruzano participó en cuatro ocasiones en el debate, y cuando se discutía el tema de la medida cautelar, señaló que el tema de fondo, “es que no salga de la cárcel”.
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor le contestó que los juzgadores nunca han sido políticos y que él cree en la independencia judicial, y le decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Con esa determinación se anulan sus posibilidades de abandonar el Reclusorio Norte el próximo 14 de abril, fecha en la que daría por cumplida su actual condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, los recursos en cuestión habrían sido extraídos de fondos sensibles para la asistencia social y redirigidos hacia fines distintos a los estipulados por la ley durante su administración.
Si Javier Duarte es encontrado culpable por el delito de peculado este se castiga con prisión de hasta 14 años.
El “alud” de carpetas en reserva
Fuentes cercanas al caso han confirmado que esta nueva causa penal podría ser solo la punta del iceberg. Ha trascendido que la FGR mantiene en integración al menos otras 20 carpetas de investigación vinculadas a millonarios desvíos de recursos públicos cometidos durante el sexenio duartista en Veracruz.
Debido a la complejidad del caso, la defensa ha solicitado la duplicidad del término constitucional. Será el próximo martes 17 de febrero cuando el juez de control determine si existen los elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso.
Si la justicia federal concede la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, el exgobernador -quien ya preparaba su salida- deberá permanecer en el centro de reclusión de la Ciudad de México para enfrentar este nuevo capítulo de su largo historial judicial.
