El endurecimiento del embargo de Estados Unidos contra Cuba, ahora extendido al suministro de combustibles, coloca en situación de vulnerabilidad a 32,880 mujeres embarazadas y a miles de recién nacidos, de acuerdo con información oficial del Ministerio de Salud Pública de la isla.
La dependencia sanitaria de la energía eléctrica y del transporte para sostener programas materno-infantiles se ha visto comprometida tras las nuevas disposiciones de Washington orientadas a restringir la venta de petróleo a La Habana. La autoridad sanitaria advirtió que, además de las gestantes, al menos 61.830 menores de un año podrían enfrentar afectaciones inmediatas.
Diagnósticos limitados
El déficit energético impacta de manera directa la realización de ultrasonidos obstétricos, esenciales para el monitoreo del embarazo y la detección temprana de anomalías congénitas. La intermitencia eléctrica dificulta la operación de equipos médicos, mientras que la escasez de combustible reduce la movilidad de brigadas y comisiones médicas.
Según la cartera sanitaria, este escenario podría traducirse en mayor morbilidad materna, retrasos en esquemas de vacunación infantil y afectaciones a menores con necesidades especiales que requieren ventilación domiciliaria, aspiración mecánica o climatización constante.
Asimismo, pacientes pediátricos con diabetes, cáncer o con cirugías programadas —incluidas intervenciones de urgencia— enfrentarían obstáculos para mantener la continuidad de sus tratamientos.
Impacto en enfermedades crónicas
Las limitaciones energéticas también inciden en la atención de adultos con padecimientos crónicos, como enfermedades oncológicas, lo que —según estimaciones oficiales— podría reflejarse en un incremento de la mortalidad en el corto plazo.
A este panorama se suma la reducción de vuelos comerciales y el encarecimiento de los fletes internacionales, factores que complican la importación de medicamentos e insumos médicos.
El Ministerio de Salud afirmó que el personal sanitario mantiene operaciones para garantizar la atención médica pese a las restricciones, en un contexto que calificó como agravamiento de la “guerra económica”.
Nueva orden ejecutiva
El 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara “emergencia nacional” ante lo que Washington define como una “amenaza inusual y extraordinaria” proveniente de Cuba.
La medida contempla aranceles a países que comercialicen petróleo con la nación caribeña y posibles represalias adicionales. Posteriormente, Trump reconoció contactos con autoridades cubanas para explorar eventuales acuerdos, aunque mantuvo críticas hacia el gobierno de la isla.
Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó las acusaciones de Washington y sostuvo que su país defenderá su soberanía frente a lo que considera una escalada de medidas coercitivas unilaterales.
El diferendo se inscribe en más de seis décadas de embargo económico y comercial, un conflicto que vuelve a tensar la relación bilateral y cuyo impacto inmediato recae sobre sectores vulnerables de la población cubana.
