La renovación en la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comienza a delinear sus protagonistas en la Cámara de Diputados. Un total de 81 aspirantes comparecen ante la Comisión de Vigilancia en el proceso legislativo que definirá al responsable del órgano encargado de fiscalizar el gasto público federal para el periodo 2026-2034.
Aunque la lista de participantes es amplia, en el análisis político que circula entre coordinaciones parlamentarias y equipos técnicos del Congreso se perfila un escenario en el que sólo unos cuantos nombres reúnen las condiciones para alcanzar el respaldo necesario del pleno.
Entre los perfiles con mayor visibilidad aparece Juan José Serrano Mendoza, ex contralor general de la Ciudad de México. Su paso por los órganos de control del gobierno capitalino y su cercanía con el grupo político que actualmente gobierna el país lo colocan entre los aspirantes con mayor respaldo dentro del bloque legislativo mayoritario.
En la contienda también figura David Rogelio Colmenares Páramo, actual titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien busca permanecer al frente de la institución que encabeza desde 2018. Dentro del Congreso algunos legisladores consideran que su continuidad podría representar una salida institucional que evite confrontaciones políticas en el proceso de designación.
Otro nombre que ha cobrado relevancia es el de Muna Dora Buchahin Abulhosn, exdirectora de Auditoría Forense de la propia ASF. Su trayectoria técnica en investigaciones de fiscalización y combate a la corrupción ha sido valorada por diversos sectores ciudadanos, lo que la ubica como una eventual alternativa de consenso en caso de que la negociación parlamentaria lo requiera.
A este grupo se suma Emilio Barriga Delgado, ex auditor especial del Gasto Federalizado, especialista en la revisión de recursos públicos transferidos a estados y municipios. Aunque su experiencia técnica es reconocida, su presencia política dentro de la Cámara es más limitada frente a otros aspirantes.
El proceso se desarrolla en un contexto legislativo que exige acuerdos entre fuerzas políticas. Para designar al titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere el voto favorable de las dos terceras partes del pleno de la Cámara de Diputados, por lo que el bloque integrado por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde deberá construir consensos con parte de la oposición.
Las comparecencias de los aspirantes se realizan en dos jornadas ante la Comisión de Vigilancia, instancia que posteriormente evaluará los perfiles y elaborará un dictamen con los nombres que integrarán la terna final. Esa propuesta será turnada al pleno para su votación definitiva.
En el entorno legislativo se reconoce, sin embargo, que el desenlace del proceso dependerá menos de las entrevistas y más de la negociación política que logren articular las distintas bancadas en las próximas semanas.
Presencia veracruzana, sin respaldo en San Lázaro
Dentro del grupo de aspirantes aparecen cuatro nombres vinculados a Veracruz. Sin embargo, en el análisis político que prevalece en San Lázaro, ninguno se perfila con fuerza suficiente para disputar seriamente un lugar en la terna final.
El primer nombre es el de Delia González Cobos, actual titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS). Su aspiración la coloca ahora en la arena federal después de varios años al frente del organismo encargado de revisar las finanzas públicas estatales. La experiencia acumulada en el ámbito local se convierte así en su principal carta de presentación, aunque en los pasillos legislativos se advierte que su gestión ha estado rodeada de interpretaciones diversas sobre la eficacia de las auditorías practicadas en Veracruz.
También aparece Ramón Santos Navarro, excontralor general del estado, un funcionario con presencia en estructuras administrativas locales. Su trayectoria refleja un fenómeno recurrente en el aparato público mexicano: la movilidad de cuadros que pasan de órganos de control estatales a aspiraciones en instancias federales, muchas veces con más años de servicio que resultados verificables.
El listado incluye además a Aureliano Hernández Palacios Cardel, actual auditor especial del Gasto Federalizado dentro de la propia ASF. Su eventual ascenso representaría un movimiento interno dentro de la institución, una transición desde la supervisión técnica hacia la conducción total del órgano fiscalizador.
El cuarto veracruzano es Gonzalo Guízar Valladares, contador público con trayectoria política en distintos partidos. Su perfil combina actividad legislativa y militancia partidista, rasgo que refleja la diversidad -y en ocasiones la flexibilidad- con la que algunos actores se mueven dentro del sistema político nacional.
La decisión en San Lázaro
Concluida la etapa de entrevistas, la Comisión de Vigilancia deberá revisar los expedientes de los aspirantes y seleccionar la terna que será sometida a votación en el pleno de la Cámara de Diputados.
El nombramiento requerirá mayoría calificada, es decir, el respaldo de dos terceras partes de los legisladores presentes, lo que obliga a construir acuerdos entre el bloque mayoritario y sectores de la oposición.
El funcionario que resulte electo encabezará durante ocho años la institución encargada de revisar la Cuenta Pública federal, vigilar el destino de los recursos transferidos a estados y municipios y evaluar la ejecución de programas y proyectos financiados con recursos públicos.
En ese contexto, mientras los nombres con respaldo político comienzan a consolidarse en la contienda, la participación de aspirantes veracruzanos se mantiene por ahora en un plano más testimonial que competitivo dentro del proceso legislativo.
