- En Veracruz el derecho ciudadano a remover gobernantes está escrito en la Constitución, pero permanece bloqueado en la práctica porque el Congreso no ha aprobado la ley que permitiría aplicarlo
En Veracruz, la revocación de mandato se ha convertido en un ejemplo claro de la distancia entre el discurso político y la realidad institucional. La figura fue incorporada a la Constitución estatal en 2021 como parte de la narrativa de “democracia participativa”, pero hasta hoy sigue siendo un mecanismo imposible de activar.
El problema es evidente, el Congreso del Estado de Veracruz, actualmente encabezado por el diputado morenista Esteban Bautista Hernández -un cacique ladino al servicio de Nahle-, no ha aprobado la legislación secundaria que debe establecer el procedimiento para poner en marcha esa herramienta ciudadana.
Así, lo que fue anunciado como un derecho para evaluar y eventualmente remover a un gobernante antes de concluir su periodo terminó convertido en una promesa jurídica incompleta.
En otras palabras, la revocación de mandato existe en el papel, pero no en la realidad.
Una reforma que nunca se terminó
Cuando se aprobó la reforma constitucional que introdujo esta figura, los legisladores fijaron un plazo de 180 días para emitir la ley reglamentaria correspondiente. Ese plazo se venció desde 2022 y, desde entonces, el tema ha permanecido en silencio legislativo.
La consecuencia es evidente. Sin reglas que definan requisitos, procedimientos y autoridad organizadora, la revocación de mandato no puede convocarse ni aplicarse.
Juristas han señalado que esta situación configura una omisión legislativa, es decir, el incumplimiento de una obligación constitucional por parte del Congreso.
El resultado es un derecho incompleto; reconocido en la Constitución, pero imposible de ejercer.
El contexto político
El tema adquiere relevancia en el actual escenario político del estado, encabezado por la gobernadora Rocío Nahle, quien asumió el cargo en diciembre de 2024 para un periodo que concluirá en 2030.
De acuerdo con el diseño constitucional, una eventual consulta de revocación solo podría realizarse a mitad del mandato, lo que situaría ese escenario alrededor de 2027.
Sin embargo, ese proceso hoy es inviable. Mientras no exista la ley reglamentaria, el mecanismo seguirá siendo una posibilidad meramente teórica.
Un instrumento incómodo para el poder
La revocación de mandato no es un procedimiento minúsculo dentro de los sistemas democráticos. Se trata de un mecanismo que permite a los ciudadanos evaluar a un gobernante antes de que concluya su periodo constitucional y decidir, mediante votación, si debe continuar o no en el cargo.
En términos políticos, representa un plebiscito directo sobre el desempeño del gobierno en turno.
Por esa razón, en distintos contextos suele convertirse en un instrumento incómodo para quienes ejercen el poder. Abrir la puerta a su aplicación implica aceptar la posibilidad de enfrentar nuevamente a las urnas a mitad del mandato.
El episodio judicial
La falta de legislación incluso llegó al ámbito judicial. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una resolución del Tribunal Electoral de Veracruz relacionada con la omisión legislativa del Congreso para expedir la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato.
El ciudadano Eduardo de la Torre Jaramillo promovió un juicio ante el tribunal local al considerar que el Congreso no había cumplido con la obligación constitucional de adecuar la legislación estatal para permitir el ejercicio del derecho ciudadano de participación en un eventual proceso de revocación de la gubernatura.
Inicialmente, el tribunal local reconoció la omisión y notificó al Congreso para los efectos legales correspondientes. Sin embargo, meses después el ciudadano denunció el incumplimiento de la sentencia, pues la ley reglamentaria seguía sin aprobarse.
Durante el proceso, el Congreso informó que el asunto había sido turnado a la Junta de Coordinación Política, lo que el tribunal local consideró suficiente para tener por cumplida su resolución.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó esa determinación y ordenó al tribunal local emitir una nueva resolución, señalando que la sentencia debía considerarse en vías de cumplimiento, pero reiterando que el Congreso debe emitir la legislación correspondiente dentro de un plazo razonable.
El expediente quedó registrado bajo el número SUP-JDC-2504/2025.
Un mecanismo exigente
Incluso si la ley reglamentaria existiera, activar la revocación de mandato en Veracruz implicaría superar requisitos importantes.
Para solicitar el proceso se necesitaría reunir firmas equivalentes al 10 por ciento de la lista nominal del estado, es decir, cerca de 600 mil apoyos ciudadanos, distribuidos en al menos la mitad de los municipios.
Además, para que el resultado tenga efectos jurídicos, la consulta tendría que alcanzar una participación mínima del 40 por ciento del padrón electoral, lo que implicaría movilizar aproximadamente 2.4 millones de votantes.
El antecedente nacional ilustra la dificultad de alcanzar esos niveles. En 2022, durante la consulta ‘simulada’ de revocación del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la participación apenas superó el 17 por ciento del padrón electoral.
Aun con esas condiciones exigentes, en Veracruz el mecanismo ni siquiera ha sido reglamentado.
El discurso y la realidad
Desde el discurso político se insiste en fortalecer la democracia participativa y ampliar los mecanismos de control ciudadano sobre el poder. Pero, la ausencia de legislación en materia de revocación de mandato revela una contradicción evidente.
El derecho está reconocido, pero no puede ejercerse. La herramienta existe en la Constitución, pero permanece inmóvil en la práctica.
La pregunta pendiente
A más de cuatro años de la reforma constitucional, la pregunta sigue abierta: ¿por qué el Congreso no ha aprobado la ley que permita activar la revocación de mandato?
Mientras esa legislación no exista, el mecanismo seguirá siendo una figura simbólica.
Un instrumento anunciado como emblema de participación ciudadana que, en los hechos, continúa congelado.
En Veracruz, la revocación de mandato permanece como una promesa democrática incompleta que todavía no encuentra voluntad política para convertirse en realidad.
En Palabras Claras, la revocación de mandato existe en el papel, pero no en la realidad. Un recurso discursivo utilizado por el partido Morena para seguir abusando de la mentira.
