En el gobierno de Veracruz parece consolidarse una regla no escrita para ocupar cargos estratégicos. Primero la lealtad política; al final -como detalle decorativo- la capacidad técnica. Al parecer, bajo esa lógica fue designado Víctor Antonio Barrera Meza como responsable de la Dirección de Fiscalización de la Contraloría General del Estado de Veracruz.
El movimiento administrativo no pasó desapercibido dentro del propio aparato gubernamental. En círculos críticos de la administración estatal se comenta que la decisión respondió más a criterios de confianza política que a la experiencia profesional requerida para encabezar un área cuya tarea es, nada menos, que revisar el uso del dinero público.
La designación, respaldada por la contralora Bárbara Galindo y con el aval de la gobernadora Rocío Nahle García, hace suponer que en Veracruz la fiscalización debe existir, pero sin incomodar al poder.
El nuevo encargado de revisar cuentas públicas no proviene del mundo de la auditoría ni de la fiscalización administrativa. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el ámbito tecnológico. Es ingeniero en sistemas egresado del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, con especialidad en desarrollo de software.
Durante siete años trabajó como desarrollador en el Servicio de Administración Tributaria, donde participó en el mantenimiento y desarrollo de módulos del sistema ARCA relacionados con procesos de cobranza, control de obligaciones fiscales, ISR de personas físicas, control de garantías y convenios de pago.
Su historial laboral incluye también un paso por la Secretaría de Economía en el área minera, así como experiencia en empresas privadas de tecnología como Badak Soluciones y el corporativo Grupo Salinas, particularmente en el área de Seguros Azteca, firma perteneciente al empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los adversarios más visibles del actual régimen morenista.
Nada de ese currículum acredita experiencia directa en auditoría gubernamental, revisión de cuentas públicas, responsabilidades administrativas o combate institucional a la corrupción. Tampoco en legalidad administrativa, precisamente el terreno donde se define si el dinero público se usó correctamente o terminó enterrado en inmuebles o negocios.
Un especialista en software será ahora responsable de revisar el “sistema” mas complejo de la política veracruzana: el manejo del presupuesto público.
En su propia descripción personal, Barrera Meza se define como una persona alegre, viajera, amante de la gastronomía regional y de la convivencia con amigos y familia. Una personalidad optimista que ahora deberá enfrentar una realidad mucho menos festiva en un estado con larga historia de escándalos financieros y gobiernos bajo sospecha permanente.
Pero en la política veracruzana las ironías dejaron de ser excepciones; se han vuelto costumbre. Cuando la fiscalización queda en manos de perfiles sin experiencia en auditoría, se vislumbra, que en el Veracruz de “moda”, el modo indica, que, al descubrir irregularidades, se quedarán mudas.
Así, la Contraloría General del Estado de Veracruz corre el riesgo de transformarse en una oficina concebida no para exhibir anomalías, sino para sepultarlas con el sello oficial.
