Veracruz se mantiene entre las entidades más peligrosas para personas que buscan a familiares desaparecidos, en un contexto donde esta labor implica amenazas, persecución e incluso la muerte, señala un informe de la organización Article 19.
Desde 2010, el registro nacional documenta 43 agresiones contra buscadores en México: 35 asesinatos y ocho desapariciones. Del total, 25 víctimas son mujeres y 18 hombres, lo que refleja el alto nivel de riesgo que enfrentan, especialmente madres buscadoras.
En Veracruz se han registrado tres casos: los asesinatos de José de Jesús Jiménez Gaona, ocurrido el 22 de junio de 2016, y de Magdaleno Pérez Santes, el 11 de marzo de 2025, así como la desaparición de Héctor Aparicio Martínez, reportada el 26 de enero de ese mismo año.
La entidad se ubica junto a Michoacán y Sonora con tres agresiones documentadas, mientras que Guanajuato concentra el mayor número a nivel nacional con once casos, seguido de Sinaloa y Jalisco con cuatro cada uno.
El informe advierte un patrón de violencia sistemática contra madres buscadoras en Veracruz. Datos de Amnistía Internacional indican que 35 por ciento ha recibido amenazas directas y 42 por ciento ha sido revictimizada por autoridades o medios.
Testimonios recabados evidencian el clima de intimidación: advertencias como “dejen de buscar o se mueren” son recurrentes. En algunos casos, las agresiones han derivado en desplazamiento forzado, como el de Beatriz Uscanga, quien abandonó su lugar de residencia tras un ataque mientras buscaba a su hijo.
A nivel nacional, el caso más reciente es el asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle, registrado el 27 de febrero en Mazatlán, Sinaloa.
El documento concluye que la búsqueda de personas desaparecidas en México, particularmente en Veracruz, ocurre en un entorno de violencia estructural, donde quienes realizan estas labores enfrentan un riesgo constante contra su integridad y su vida.
