El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, permanece hospitalizado desde hace más de una semana en el Hospital Ángeles Pedregal, donde su estado de salud es considerado delicado tras haber sufrido un evento cerebrovascular, de acuerdo con fuentes federales.
El ex funcionario, de 78 años, fue trasladado desde su domicilio en la colonia Lomas de Chapultepec, donde cumplía prisión domiciliaria por los procesos penales relacionados con el caso Ayotzinapa. Inicialmente, su ingreso al hospital habría sido por una hemorragia gastrointestinal; sin embargo, durante su estancia presentó complicaciones neurológicas.
Según la información disponible, Murillo Karam ha sido sometido a diversos estudios clínicos y su evolución médica no ha podido determinarse con precisión, por lo que el pronóstico se mantiene incierto.
A lo largo de sus audiencias judiciales se ha documentado que el ex titular de la Procuraduría General de la República padece múltiples afecciones, entre ellas enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión y problemas vasculares cerebrales. También fue intervenido previamente mediante una endarterectomía carotídea, considerada de alto riesgo.
En noviembre de 2023, durante una audiencia, se reveló además que presentaba indicios de deterioro cognitivo, incluyendo posibles signos de demencia y Alzheimer.
Desde su detención, el 19 de agosto de 2022 en la Ciudad de México, el ex funcionario ha sido atendido en distintas instituciones médicas públicas y privadas, como los hospitales Jardín Balbuena, Belisario Domínguez y Xoco, así como en el Instituto Nacional de Cardiología, donde fue intervenido quirúrgicamente.
Murillo Karam enfrenta dos procesos penales por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, derivados de la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
En abril de 2024 se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria, medida que mantenía hasta su reciente hospitalización. Posteriormente, en noviembre del mismo año, un tribunal federal le negó la libertad provisional.
En uno de los procesos en su contra, la Fiscalía General de la República solicitó una pena de 82 años de prisión y una multa superior a 1.7 millones de pesos. El segundo juicio continúa en etapa de trámite.
