En el verano de 1942, la colonia Tacuba, en la Ciudad de México, fue escenario del que se considera el primer caso documentado de asesinato serial en el país. El responsable, Gregorio “Goyo” Cárdenas, entonces estudiante de química de la Universidad Nacional Autónoma de México y empleado de Petróleos Mexicanos, ocultó en el jardín de su vivienda los cuerpos de cuatro mujeres en menos de un mes.
El hallazgo ocurrió el 7 de septiembre, cuando dos vecinas detectaron indicios anómalos en la casa contigua: enjambres de moscas, objetos fuera de lugar y tierra removida. Al inspeccionar, descubrieron el cadáver de una joven parcialmente enterrada. La policía confirmó después que se trataba de Graciela Arias Ávalos, de 22 años, estudiante universitaria y ex pareja del agresor.
La denuncia previa de su padre había señalado a Cárdenas como principal sospechoso. Según la investigación, la relación había terminado por conductas celosas y posesivas. El día del crimen, tras una discusión motivada por sospechas de infidelidad, el agresor la estranguló dentro de su vehículo y posteriormente trasladó el cuerpo a su domicilio.
Durante las diligencias, las autoridades localizaron en el mismo predio los restos de otras tres víctimas: María de los Ángeles González, de 16 años; una menor no identificada de aproximadamente 14 años; y Rosa Retes Quiroz, de 33. Todas fueron asesinadas bajo un patrón similar: contacto inicial en vía pública, traslado al domicilio, relación sexual y posterior estrangulamiento, seguido de inhumación clandestina.
El caso generó amplia cobertura mediática. La prensa de la época construyó una narrativa sensacionalista, tanto en la denominación del agresor como en la caracterización de las víctimas. Paralelamente, especialistas en criminología y psiquiatría intervinieron con diagnósticos diversos, atribuyendo la conducta a supuestas patologías neurológicas o trastornos mentales, sin evidencia concluyente.
A partir de estos peritajes, el sistema judicial determinó su internamiento en el Manicomio General La Castañeda. Tras una fuga en 1946, fue recapturado y recluido en el Palacio de Lecumberri, donde permaneció más de tres décadas.
El caso adquirió un segundo significado décadas después. En 1976, el entonces presidente Luis Echeverría otorgó el indulto a Cárdenas, quien ya había cumplido el máximo legal de 30 años de prisión. Su liberación fue presentada públicamente como evidencia de la capacidad del sistema penitenciario para rehabilitar incluso a criminales de alta peligrosidad.
Durante su reclusión, Cárdenas cursó estudios de derecho, escribió libros y desarrolló actividades comerciales dentro del penal. Estas acciones fueron utilizadas como sustento del discurso oficial en un contexto de debate sobre la pena de muerte y de cuestionamientos al Estado por violaciones a derechos humanos tras la Masacre de Tlatelolco.
Investigaciones posteriores han señalado que su excarcelación respondió en realidad al cumplimiento de su condena y a recursos legales interpuestos por su defensa, mientras que su proyección pública obedeció a una estrategia política para reforzar la legitimidad institucional.
Gregorio Cárdenas murió en 1999. El antiguo penal de Lecumberri fue clausurado en 1977 y desde 1982 funciona como sede del Archivo General de la Nación. Su caso permanece como referencia obligada en la historia criminal mexicana y como ejemplo del uso político de la justicia penal.
