La crisis de desapariciones en México se agravó durante los gobiernos de la llamada ‘cuarta transformación’ y Veracruz figura entre los rostros más crudos del fracaso institucional. A casi ocho años del obradorismo en el poder, las cifras de personas desaparecidas y de violaciones graves a los derechos humanos siguen en aumento, mientras los gobiernos de Morena intentan maquillar una tragedia que hoy provoca alarma y condena internacional.
Los señalamientos provienen de organismos que difícilmente pueden ser descalificados como “adversarios políticos”. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que las desapariciones siguen siendo uno de los problemas más graves y dolorosos de México y exigió que el tema deje de utilizarse políticamente para encubrir responsabilidades gubernamentales.
Hace algunas semanas, el representante de la ONU fue contundente al reclamar un verdadero compromiso del Estado mexicano para reconocer el dolor de las víctimas, garantizar transparencia y respaldar a los colectivos de búsqueda, abandonados durante años por autoridades rebasadas o simplemente indiferentes, tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y altos funcionarios de su gobierno.
Sin embargo, el pasado lunes 11 de mayo la relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pochak, confirmó lo que miles de familias padecen diariamente: México enfrenta una “grave crisis” de desapariciones y de identificación de cuerpos bajo custodia del propio Estado.
Con base en ese informe, en Veracruz el panorama empeoró desde que inició el amoroso gobierno de Rocío Nahle. Lejos de ofrecer resultados, su administración arrancó con un incremento escandaloso en el número de personas desaparecidas, evidenciando incapacidad, descontrol y ausencia total de estrategia en materia de seguridad.
Datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) revelan que del 1 de enero al 10 de mayo de 2025 las desapariciones en Veracruz aumentaron 176 por ciento. En apenas unos meses, los casos pasaron de 54 a 149 personas no localizadas.
La cifra desmonta por completo el discurso propagandístico del gobierno estatal. Mientras Nahle concentra su administración en campañas mediáticas y control político, en las calles crece el miedo y las familias continúan buscando a sus desaparecidos prácticamente solas.
El informe también revela que el 76 por ciento de las víctimas son hombres y el 24 por ciento mujeres. El Puerto de Veracruz encabeza la lista negra con 18 desaparecidos, seguido de Xalapa con 10 casos. También destacan Poza Rica, San Andrés Tuxtla y Manlio Fabio Altamirano.
La realidad golpea de frente al gobierno morenista. Veracruz volvió a hundirse en una espiral de violencia y desapariciones mientras la administración de Rocío Nahle permanece atrapada entre el discurso político y la incapacidad operativa. Las cifras hablan por sí solas y exhiben que, lejos de traer un cambio, la nueva administración profundizó una crisis humanitaria que sigue creciendo sin control.
