La presidenta de México, Claudia Sheinbaum minimizó el impacto político y judicial por la entrega voluntaria de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega a autoridades de Estados Unidos, exfuncionarios del gobierno sinaloense ligados al círculo de poder de Rubén Rocha Moya.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum insistió en que “no hay ningún riesgo” por lo que ambos exservidores públicos puedan declarar ante fiscales estadounidenses, luego de ser señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
“Fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo. Ninguno”, sostuvo la mandataria durante su conferencia matutina.
La presidenta también rechazó cualquier posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos llegue a catalogar a Morena como una organización terrorista, pese a las acusaciones y señalamientos que han comenzado a rodear a personajes vinculados con el partido oficialista y estructuras del crimen organizado.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad, y Enrique Díaz Vega, extitular de Administración y Finanzas de Sinaloa, se entregaron de manera voluntaria en territorio estadounidense, en medio de versiones sobre negociaciones de cooperación judicial con agencias federales.
Ambos forman parte de una lista de diez exfuncionarios y operadores políticos cercanos al gobierno de Rocha Moya investigados en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, protección criminal y tráfico de armas, bajo sospechas de favorecer las operaciones de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
La entrega ocurre además en un contexto de presión creciente de Washington hacia México en materia de seguridad, apenas horas después de la conversación telefónica entre Sheinbaum y el presidente estadounidense, Donald Trump, centrada en narcotráfico y combate al crimen organizado.
Aunque la administración federal insiste en que no existen pruebas públicas contundentes contra los señalados, la decisión de Mérida y Díaz comienza a mover el expediente hacia áreas más sensibles: las finanzas, la operación política y la presunta red de protección institucional dentro del gobierno sinaloense.
