El periodista Jorge Fernández Menéndez reveló en su columna Razones, publicada en Excélsior, que la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el director de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, concluyó sin acuerdos en Palacio Nacional. Durante el encuentro, el funcionario estadounidense solicitó la entrega inmediata del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, así como de otros políticos vinculados en investigaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con versiones sobre la reunión, Mullin explicó que el caso contra Rocha, Enrique Inzunza y otros funcionarios avanzó en cortes estadounidenses después de que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, aceptaron colaborar con autoridades de Estados Unidos tras declararse culpables.
El escenario jurídico cambió para los señalados. Las autoridades estadounidenses ya no buscan órdenes de captura con fines de extradición, sino que mantienen procesos judiciales activos dentro de su territorio.
Sheinbaum rechazó la petición de entrega y sostuvo que cualquier procedimiento deberá realizarse bajo las leyes mexicanas. También insistió en la defensa de la soberanía nacional y cuestionó cualquier intento de intervención extranjera, postura que tensó aún más el encuentro.
Según Fernández Menéndez, Mullin adelantó que en los próximos días surgirán nuevas acusaciones contra gobernadores y funcionarios mexicanos. Entre los nombres mencionados se encuentran Américo Villarreal, de Tamaulipas; Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Alfonso Durazo, de Sonora; y Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán, además de colaboradores cercanos y operadores políticos.
Estados Unidos advirtió que podrían aplicarse nuevas medidas mientras no existan detenciones ni avances judiciales en México.
Durante la reunión, Omar García Harfuch intentó participar como interlocutor con la delegación estadounidense; sin embargo, la propia presidenta frenó su intervención. El encuentro terminó sin acuerdos y de manera abrupta.
El comunicado difundido después por el Departamento de Seguridad Nacional dejó ver diferencias entre ambos gobiernos. Washington habló de reforzar las acciones de México contra los “narcoterroristas”, término que el gobierno mexicano evita utilizar al referirse a los grupos criminales.
Las diferencias también afectaron otros temas bilaterales. La visita de Sara Carter, responsable de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, fue cancelada ante la falta de coincidencias en seguridad y combate a estructuras políticas ligadas al crimen organizado.
Al mismo tiempo, la próxima llegada del negociador comercial del T-MEC, Jamieson Greer, ocurre en un contexto marcado por tensiones relacionadas con seguridad, inversiones y certeza jurídica.
FGR abre nuevo frente
Mientras continúan las investigaciones impulsadas desde Estados Unidos, la Fiscalía General de la República abrió otro episodio político al citar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el caso de presuntos capacitadores vinculados con la CIA fallecidos en un accidente ocurrido en esa entidad.
El citatorio fue cuestionado por inconsistencias legales y errores procesales. Diversas voces señalaron que la maniobra busca desviar la atención de las investigaciones que enfrentan Rubén Rocha y otros mandatarios señalados en expedientes abiertos en Estados Unidos.
Más tarde, la FGR confirmó que Rubén Rocha y Enrique Inzunza también fueron citados, aunque la Secretaría de Gobernación precisó que comparecerán únicamente como testigos.
Reunión en Culiacán
El viernes, Javier Corral sostuvo un encuentro con Enrique Inzunza en el Country Club de Culiacán.
El exgobernador de Chihuahua enfrenta investigaciones por presunto fraude y otros delitos. En 2024 evitó ser detenido luego de la intervención de Ulises Lara, entonces fiscal capitalino y actual funcionario de la FGR. Posteriormente asumió el cargo de senador y obtuvo fuero constitucional.
La reunión entre Corral e Inzunza ocurrió mientras ambos permanecen ligados a investigaciones y acusaciones relacionadas con presuntos vínculos políticos y estructuras del crimen organizado.
