El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Veracruz ha presentado una iniciativa que, bajo la premisa de “subsanar lagunas legales”, introduce un entramado de nuevos candados y plazos al proceso de revocación de mandato en la entidad. La propuesta busca modificar el artículo 15 de la Constitución local, un movimiento que los legisladores justifican para otorgar certeza jurídica al Organismo Público Local Electoral (OPLEV) y al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).
Detrás de la narrativa de la “armonización constitucional”, la reforma redefine la viabilidad operativa de una consulta ciudadana de esta naturaleza.
El nuevo calendario electoral
La legislación vigente establece que los apoyos ciudadanos deben recolectarse estrictamente durante los dos meses previos al cierre del tercer año de gestión del Ejecutivo. La propuesta del PVEM modifica esta ventana temporal:
Apertura del periodo de captación un mes antes de lo estipulado actualmente.
Concesión de un plazo posterior de tres meses para la entrega formal de las firmas ante el OPLEV.
Los números detrás del candado
La iniciativa mantiene el requisito del 10% de la lista nominal del estado para activar el mecanismo. Sin embargo, al trasladar el porcentaje a las cifras reales del padrón veracruzano —el cual registra 7 millones 536 mil 649 electores—, el bloque legislativo fija la meta en un mínimo de 753 mil 665 firmas.
Candado municipal: el freno metropolitano
El punto central de la propuesta radica en la distribución geográfica del respaldo. Para restar peso electoral a las grandes zonas metropolitanas que suelen concentrar la participación (Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica), la reforma introduce una doble condicional:
El apoyo ciudadano no podrá centralizarse. Se exigirá de manera obligatoria que las firmas provengan de, al menos, la mitad más uno de los municipios de la entidad (107 de los 212 ayuntamientos). Asimismo, en cada uno de esos municipios se deberá alcanzar el 3% de su respectivo padrón local.
De obtener el respaldo de la mayoría calificada en el pleno, el Congreso del Estado iniciará un periodo de 180 días naturales para la confección y emisión de las leyes secundarias que operarán este nuevo diseño institucional.
