La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó como reservada por un periodo de cinco años la totalidad de los documentos, oficios, notas verbales y comunicaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos respecto a las investigaciones por presuntos nexos con el narcotráfico del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador Enrique Inzunza Cázares.
A través de una resolución de su Unidad de Transparencia, la Cancillería argumentó que la difusión de estos datos comprometería la confianza y la confidencialidad en el intercambio de información bilateral, además de perjudicar las estrategias de coordinación intergubernamental y la conducción de las relaciones diplomáticas con el gobierno estadounidense.
El origen de la solicitud de información se remonta a mayo pasado, tras difundirse en abril que la Fiscalía de Nueva York incluyó a Rocha Moya y a Inzunza Cázares en expedientes relacionados con el grupo delictivo “Los Chapitos”. Actualmente, Inzunza mantiene su puesto en el Senado y percibe sus ingresos mediante cheque debido al congelamiento de sus cuentas bancarias.
Indagan aeronave de “El Mayo” Zambada
Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la SRE requerirá formalmente al Buró Federal de Investigaciones (FBI) información sobre la aeronave utilizada en julio de 2024 para el traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.
La mandataria señaló que el vehículo es exhibido en Nuevo México como parte de las operaciones de dicha agencia, lo que contradice las declaraciones previas de las autoridades estadounidenses.
“La respuesta por parte del Embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos”, declaró Sheinbaum en Palacio Nacional. “Sin embargo, en días recientes supimos, a través de una nota periodística, que el avión en el que arriban estas dos personas (…) está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo”.
Ante este escenario, el Gobierno de México solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) evaluar la posible comisión de delitos y determinar los alcances de su jurisdicción por probables violaciones a las leyes nacionales e internacionales, bajo la premisa de que la cooperación bilateral en seguridad debe respetar la soberanía mexicana.
