El sector inmobiliario en la capital de Veracruz registra un incremento en delitos de fraude mediante la diversificación y digitalización de operaciones ilegales, principalmente en el mercado de arrendamiento y la compraventa de propiedades. Las autoridades y especialistas identifican cinco esquemas principales utilizados por organizaciones delictivas en la región.
1. Anuncios clonados (“Montarentas”)
Este método concentra el mayor crecimiento en zonas urbanas. Los operadores duplican imágenes y especificaciones de ofertas legítimas de viviendas en plataformas digitales y redes sociales, asignándoles precios inferiores al promedio del mercado. La operación consiste en exigir transferencias bancarias o depósitos económicos anticipados bajo el argumento de apartar el inmueble ante una supuesta alta demanda. Tras recibir el capital, los perfiles son eliminados.
2. Suplantación de identidad
Es un esquema de alta complejidad jurídica. Los defraudadores recolectan datos de una propiedad específica para elaborar identificaciones oficiales, escrituras y documentación apócrifa a nombre del propietario real. Con estos documentos, realizan la venta o renta del inmueble a terceros sin el consentimiento del dueño. Las víctimas detectan el delito al momento de iniciar los trámites de escrituración ante un notario público o al intentar ocupar el inmueble.
3. Falsos remates bancarios
Empresas fachada promueven inmuebles presuntamente recuperados por instituciones financieras a costos menores de su valor comercial. El mecanismo vincula a las víctimas mediante contratos de prestación de servicios o cesión de derechos que obligan a un pago inicial. Los juicios de dichas propiedades resultan inexistentes o sin vinculación bancaria, y las empresas cierran operaciones de forma posterior.
4. Preventas de proyectos inexistentes
Este fraude se dirige a compradores que buscan adquirir viviendas nuevas mediante financiamiento a plazos. Desarrolladoras inmobiliarias ficticias o sin registros vigentes promueven planos y representaciones digitales de proyectos residenciales. Los usuarios realizan aportaciones por concepto de enganches y mensualidades; sin embargo, las obras no inician o se suspenden debido a la falta de licencias de construcción, uso de suelo o por tratarse de compañías fantasma.
5. Comercialización con vicios jurídicos
En este modelo la propiedad existe físicamente, pero se omiten sus condiciones legales reales durante la negociación. Los inmuebles se venden a pesar de encontrarse en juicio sucesorio (intestados), embargados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vinculados a créditos hipotecarios activos o ubicados en terrenos ejidales irregulares. Esta condición impide la escrituración legal y transfiere el conflicto jurídico al comprador.
