Por Antulio Ficachi
En la corte celestial de la Cuarta Transformación, resulta que Ismael “El Mayo” Zambada no sólo fue un espectro para las agencias de inteligencia norteamericanas, sino un verdadero modelo de austeridad para el SAT y la SSPC. Quien haya especulado que el mítico capo de Sinaloa registraba fincas, residencias o plazas a su nombre, pecó de una candidez casi franciscana.
En la mañanera, al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, no le quedó más remedio que salir a matizar la paradoja: en el padrón del fisco, el capo ostenta el mismo patrimonio declarable que un seminarista. Mientras el juez Brian Cogan le fija en Nueva York una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, de este lado de la frontera el señor resultaba ser, en el papel, un humilde ciudadano de clase media-baja.
Habrá que ver si la UIF logra rastrear algo más que cuentas de débito congeladas, porque en lo tocante a una repatriación para que liquide deudas con la justicia local, el paquete ya se lo endosaron completo como “papa caliente” a la FGR.
Cosas de la burocracia azteca.
***
Desde la calurosa geografía veracruzana, la gobernadora Rocío Nahle salió al paso de las versiones que la ubicaban haciendo maletas para rescatar el timón de Pemex. La mandataria fue tajante: se queda a saldar su periodo hasta el 2030.
Lo interesante es el diagnóstico: Nahle atribuye la ola de rumores al “ritmo frenético” con el que arrancó su gestión local. Sin embargo, en los pasillos políticos del puerto se interpreta distinto: hay quien confunde la prisa ejecutiva con una maniobra diplomática para poner distancia de por medio con el expediente de la refinería de Dos Bocas.
Al ratificar su permanencia, la gobernadora no sólo le otorga un voto de confianza a la administración entrante de la petrolera, sino que envía una señal de ‘estabilidad’ a un gabinete estatal donde más de uno ya sentía pasos en la azotea.
***
En las oficinas de la SEFIPLAN, Miguel Santiago Reyes alista la báscula de la disciplina financiera para los 212 municipios de la entidad, respaldado técnicamente por la SHCP. La lógica del modelo es conocida: ayuntamiento que demuestre eficacia en la recaudación del predial, ayuntamiento que accede a una mejor tajada de participaciones federales.
El desafío, no obstante, es de ingeniería institucional. La brecha estructural en Veracruz es abismal: la capacidad contributiva de la Riviera Veracruzana no guarda proporción alguna con la realidad socioeconómica de la sierra.
El riesgo de este “acompañamiento técnico” es que derive en un mero cobrómetro punitivo que ahogue a las haciendas locales más vulnerables en lugar de fortalecerlas.
***
El caso más crítico de la agenda institucional recae en la Fiscalía General del Estado, tras formalizar la solicitud de desafuero contra el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, el emecista Raúl González Martínez, señalado como presunto autor intelectual del homicidio de la periodista Roxana Guzmán.
La exigencia de la familia de la comunicadora es tajante: cero chivos expiatorios y desmantelamiento total de la cadena de complicidades, la cual alcanza a mandos policiales hoy prófugos.
En una entidad golpeada históricamente por la violencia contra la prensa, el caso representa una prueba de fuego para el aparato de justicia local, obligado a demostrar que la inmunidad procesal no opera como patente de impunidad criminal.
***
Finalmente, la Secretaría de Gobierno echó el candado a la emisión de nuevas concesiones de transporte público en su modalidad de taxis. La línea oficial apela al “ordenamiento e inventario” antes de autorizar un solo incremento en la flota vehicular.
Si bien la medida busca frenar el sobrecupo vial, la experiencia administrativa en la entidad sugiere cautela. Históricamente, la paralización formal de entregas tiende a encarecer el valor de las placas existentes en el mercado negro, consolidando cotos de poder en los gremios.
Habrá que observar si la depuración prometida realmente transparenta el padrón o si únicamente eleva la renta de la clandestinidad.
Veremos, dijo el ciego… y no vio.
