La Comisión Instructora del Congreso del Estado de Veracruz encabeza este jueves una jornada clave para definir el futuro político y judicial de dos ediles en funciones. Raúl González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, y Norberto “Bertín” Bravo Montero, de Úrsulo Galván, acuden a la sede legislativa para presentar formalmente sus alegatos de defensa frente a las solicitudes de declaración de procedencia promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE).
La comparecencia marca una fase determinante en el procedimiento legislativo que busca retirar la inmunidad procesal a ambos funcionarios. Durante la audiencia, los imputados —ya sea de forma personal o a través de sus defensas jurídicas— tienen la oportunidad procesal de aportar las pruebas que consideren convenientes para frenar el retiro de su fuero constitucional.
Expedientes graves en la Mesa Directiva
Los señalamientos vertidos por la FGE revisten particular gravedad e involucran delitos de alto impacto:
- Raúl González Martínez (Ixhuatlán del Sureste): Es indagado por la fiscalía estatal por su presunta autoría o participación en la desaparición y posterior homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán. El edil acudió personalmente el pasado 28 de julio a las instalaciones de la LXVII Legislatura para entregar el expediente probatorio con el que busca desestimar las acusaciones.
- Norberto “Bertín” Bravo Montero (Úrsulo Galván): Enfrenta indagatorias por su probable vinculación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López. Ambos fueron vistos por última vez el pasado 14 de mayo cuando se trasladaban a un predio propiedad del munícipe en la localidad de Barra de Chachalacas. En este caso, la documentación de descargo fue consignada a través de su equipo legal.
El cauce legal y los tiempos legislativos
El análisis de los descargos está a cargo de los diputados integrantes de la Comisión Instructora: Facundo Fernández de la Cruz, Ramón Díaz Ávila y Felipe Pineda Barradas.
El cuerpo legislativo enfatizó que la soberanía no actúa como un tribunal penal; su cometido se limita estrictamente a valorar si existen elementos jurídicos suficientes para dejar sin efecto la protección constitucional de los ediles y permitir que la FGE proceda por la vía penal ordinaria.
Procedimiento procesal: Si la Comisión emite un dictamen en sentido positivo, este deberá ser sometido al Pleno del Congreso local. De alcanzar la votación requerida, los presuntos implicados perderán el fuero y quedarán a disposición de las autoridades judiciales. Si la resolución es en sentido contrario, mantendrán la inmunidad procesal durante el ejercicio de su encargo.
Se anticipa que los dictámenes definitivos queden listos para presentarse ante la Diputación Permanente a principios de agosto, fecha en la que no se descarta la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para desahogar ambos casos de manera definitiva.
